Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El auditor superior del Estado, Francisco Noriega Orozco, informó que la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas impulsa una reforma legal para endurecer la fiscalización del gasto público en el año electoral de 2027, con el objetivo de revisar el manejo de recursos incluso durante el proceso electoral y evitar posibles desvíos con fines políticos.

Advirtió que, aunque la ley contempla salidas ante imprevistos, no existe justificación para incumplir de manera sistemática con la programación presupuestal, por lo que llamó a los alcaldes a mantener orden desde el primer día de cada ejercicio fiscal. 

Señaló que el tiempo para solventar observaciones se reduce y que el año 2026 será, en los hechos, el último completo para corregir irregularidades antes de la salida de las administraciones municipales en 2027.

“Estamos empujando con el Poder Legislativo para reformar la ley y poder fiscalizar en el año electoral; hay evidencia en otros estados donde la Auditoría puede revisar los primeros trimestres del año, y eso da mayor transparencia y evita el uso indebido de recursos”, expresó.

Noriega Orozco indicó que las cuentas públicas de 2025 no muestran diferencias sustanciales respecto a ejercicios anteriores y que las tendencias de observaciones se mantienen, lo que acota el margen de maniobra para los entes fiscalizables. 

En ese sentido, exhortó a presidentes municipales y a sus equipos financieros a asumir que cada vez queda menos tiempo para solventar y que no será posible corregir en 2027 lo que no se ordene en 2026.

El auditor sostuvo que la fiscalización se realiza de manera imparcial y apartidista, al señalar que los resultados recientes muestran observaciones y sanciones sin distinción política. 

Afirmó que el compromiso de la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas es institucional y con la ciudadanía, y que todos los entes son medidos con la misma regla.

Finalmente, explicó que permitir la fiscalización en año electoral busca que los alcaldes salientes puedan dejar sus cuentas atendidas y que las nuevas administraciones no carguen con observaciones de ejercicios que no administraron, además de atender oportunamente las denuncias ciudadanas que suelen incrementarse durante los procesos electorales.