Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el antecede de al menos ocho casos sobre presuntas irregularidades en juicios de patria potestad durante el 2025, la legisladora local, Lucero Deosdady Martínez López, exhortó a la ciudadanía a presentar denuncias formales contra la mala actuación de jueces ante el Tribunal de Disciplina, “para garantizar la protección de los derechos de los menores y de las familias”.

La presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables del Congreso local, subrayó que sin denuncias ciudadanas el Tribunal no puede actuar con eficacia, y recordó que en el ámbito profesional ya se conocen casos de irregularidades en juicios de patria potestad, especialmente en el sur de Tamaulipas. 

“Es indispensable que la sociedad participe, porque solo así se puede sancionar a quienes vulneran derechos fundamentales”, expresó.  

En este sentido, la diputada por Morena, celebró la iniciativa propuesta por el Poder Judicial, que propone sanciones de hasta 7 años de cárcel a abogados que falseen información en perjuicio de menores de edad, al considerar que las sanciones actuales, de hasta seis meses, resultan insuficientes para proteger a la niñez.

Martínez López, recordó que en el ámbito profesional ya se conocen casos de irregularidades, incluidos dos en el sur del Estado, lo que refuerza la necesidad de endurecer las penas. 

“No podemos permitir que quienes deben garantizar justicia  se conviertan en actores  que vulneran derechos fundamentales”, destacó.

También reconoció el trabajo de la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Tania Contreras López, quien ha impulsado procesos más ágiles y sanciones a jueces y juezas, pero insistió en que la vigilancia debe intensificarse.  

El llamado de la legisladora se enmarca en un antecedente relevante; el año pasado conoció de al menos ocho denuncias sobre presuntas irregularidades en juicios de patria potestad en Tamaulipas, y exigió revisar la actuación de jueces, en particular el caso de una jueza en el sur del Estado.  

Destacó que los jueces en México pueden ser objeto de sanciones administrativas y penales si actúan de manera indebida o negligente en casos relacionados con la patria potestad. 

“Las sanciones aplicables a los jueces son la amonestación, multa, suspensión y destitución, siempre y cuando se denuncien al Tribunal de Disciplina, que debe trabajar de manera más activa y que la ciudadanía se convierta en parte del proceso de vigilancia y denuncia”, señaló la también abogada.