Ciudad de México. - Derivado del proceso de quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA) ninguna persona con derechos debe quedar fuera de los procesos de reconocimiento, pago y justicia laboral, y las y los senadores velarán en todo momento por la protección de las personas trabajadoras de la siderúrgica, expresó el senador Luis Fernando Salazar Fernández.

La Comisión especial para revisar y vigilar el proceso de quiebra de Altos Hornos de México, que preside Salazar Fernández, se reunió con autoridades de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) y con extrabajadores de la siderúrgica.

En el encuentro, el legislador dijo que este tipo de reuniones buscan fortalecer los canales de coordinación interinstitucional para la defensa efectiva de los derechos de los trabajadores.

“Esta Comisión reitera su compromiso de acompañar a las y los trabajadores de forma cercana y activa, derivado del proceso de quiebra de Altos Hornos de México; situación que ha generado incertidumbre en cientos de familias, así como un impacto significativo en la región norte del país, debido a la pérdida de empleos directos e indirectos”, expresó.

 Salazar Fernández recordó que se solicitó al Juzgado Segundo de Distrito, en materia de Concursos Mercantiles el acceso a la totalidad de las constancias del expediente; sin embargo, indicó, el juzgado respondió que, en acatamiento a las disposiciones en materia de protección de datos personales, dicho acceso no podía ser otorgado a esta Comisión.

No obstante, agregó, la propia juzgadora consideró pertinente notificar a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, el listado completo de trabajadores con derecho al pago preferente por concepto de sueldos e indemnizaciones.

Por lo tanto, esta Comisión estableció comunicación con la PROFEDET a efecto de formalizar la solicitud de colaboración en tres áreas fundamentales: dar publicidad al listado mencionado; brindar orientación jurídica a las personas afectadas a fin de atender dudas, aclaraciones o inconformidades relacionadas con el listado o el proceso concursal; y establecer un canal de comunicación permanente con esta Comisión.

 Por ello, esta reunión es clave para avanzar hacia una solución con enfoque social y con una defensa efectiva de los derechos laborales, pues es fundamental velar por los intereses de los trabajadores de Altos Hornos de México, así como asegurar el pago justo de sus liquidaciones.

El titular de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, Plácido Humberto Morales Vázquez, dijo que es fundamental atender “un problema social grave”, por lo que acatarán la resolución judicial y se avocarán al conocimiento de todos los trabajadores que hayan prestado sus servicios en Altos Hornos de México.

“El canal de comunicación está abierto, tanto con la Comisión, como con los trabajadores; tengan confianza en que el juicio concursal es transparente”, apuntó.

Indicó que los trabajadores que están sujetos a un contrato colectivo de trabajo, vigente antes del proceso de quiebra, también quedan sujetos a la cuestión concursal; sin embargo, el derecho previo que ya tenían puede prevalecer para que tengan una liquidación distinta.

Este proceso, puntualizó, se va a llevar ya en el ámbito de la reforma al Poder Judicial que el pueblo de México resolvió, por lo que ahora los jueces que cuentan con autonomía jurisdiccional tienen los ojos puestos en el tribunal de Disciplina Judicial, “tengan confianza”.

A nombre de los trabajadores de AHMSA, Julián Torres Ávalos, pidió la intervención de las autoridades para que se realice el inventario preciso de cada uno de los activos de la empresa y que el avalúo sea el correcto y no se venda a un precio menor al del mercado.

Señaló que existe el rumor de que los exdueños, la familia Ancira, quieren comprar la empresa con prestanombres, y “eso nos preocupa, porque sería un golpe para nosotros, pues tanto nos han perjudicado y que se vuelvan a quedar con la empresa, sería una burla, un golpe a todas las familias mineras. Eso es lo que se comenta mucho en Monclova, por eso le pediríamos a las autoridades que chequen bien y no se permitiera una acción de esas”. 

También solicitaron que se tomen los últimos cinco años para las pensiones y no el tiempo que la empresa lleva en concurso mercantil y en el proceso de quiebra. Explicó que la mayoría de los trabajadores no se les dio de baja y siguen registrados ante el Seguro Social.

Destacó que tres mil extrabajadores salieron de la empresa antes de que entrara en este proceso mercantil, pero no se les pagaron sus respectivas prestaciones de acuerdo con el contrato colectivo de trabajo.