Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo planteó la necesidad de elevar a rango constitucional las restricciones a la privatización de los servicios de agua en México, al reconocer que actualmente los gobiernos estatales y municipales tienen atribuciones para concesionar su operación.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre las concesiones de agua en manos de empresas privadas y la posibilidad de revisar estos esquemas.

Sheinbaum explicó que deben distinguirse las concesiones para operar servicios públicos de agua y los derechos relacionados con el aprovechamiento del recurso.

“La concesión del agua la hacen los municipios o los estados. Y ahí está la Constitución. Tendríamos que elevar a rango constitucional que no se permitiera esta privatización”, señaló.

Buscan impedir acaparamiento del agua

La presidenta sostuvo que su administración ha impulsado cambios legales para evitar la concentración del recurso y la comercialización de derechos de agua.

Explicó que las modificaciones buscan impedir que las concesiones se utilicen como mecanismos de especulación o acaparamiento.

Respecto a la operación privada de los servicios de agua potable, afirmó que existen pocos casos en el país y consideró que el modelo público ha recuperado terreno.

Incluso señaló que algunos lugares han revertido esquemas de privatización.

Sin embargo, no presentó una propuesta constitucional específica ni anunció fechas para una eventual reforma.

Incendios forestales también bajo vigilancia

En otro tema, Sheinbaum fue cuestionada sobre los incendios forestales presuntamente provocados para facilitar cambios de uso de suelo.

La mandataria reconoció que históricamente han existido casos en los que los incendios se relacionan con la transformación de terrenos forestales en superficies destinadas a actividades productivas.

Señaló que los programas de pago por servicios ambientales y el fortalecimiento de las áreas naturales protegidas han contribuido a enfrentar estas prácticas.

Agregó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) atiende casos relacionados con afectaciones ambientales, particularmente en el sureste del país.

También mencionó que la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y otras instituciones realizan mediciones sobre los impactos de los incendios.

No obstante, la presidenta no confirmó la creación de un nuevo padrón público de terrenos incendiados ni anunció una revisión general de las concesiones privadas de agua.