Ciudad Victoria, Tamaulipas. – En un esfuerzo por reforzar la austeridad republicana y la disciplina financiera en los organismos electorales de Tamaulipas, el diputado local Eliphaleth Gómez Lozano presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa para reformar el artículo 20 de la Constitución Política local.

La propuesta legislativa busca regular y restringir las cuantiosas liquidaciones que actualmente pueden recibir al término de su encargo las y los consejeros del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), así como las magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del Estado (Trieltam).

Gómez Lozano argumentó que la medida responde al compromiso del Estado con el uso racional y eficiente de los recursos públicos, en concordancia con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“No puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre”, expresó el legislador, al calificar como incongruentes las altas compensaciones económicas en contraste con los sacrificios exigidos a la ciudadanía.

En términos específicos, la iniciativa plantea modificar el párrafo noveno de la base III y el párrafo décimo primero de la base VI del artículo 20 de la Constitución estatal, con el objetivo de eliminar disposiciones que permiten liquidaciones elevadas en el marco de las Condiciones Generales de Trabajo del IETAM y el Manual de Remuneraciones del Tribunal Electoral.

Según lo expuesto en Tribuna, un consejero electoral puede llegar a recibir más de cinco millones de pesos libres de impuestos como “apoyo económico único” y otras prestaciones al finalizar su cargo. En tanto, una magistrada o magistrado electoral podría obtener más de dos millones y medio de pesos, equivalentes a una cuarta parte del tiempo en que haya ejercido su función.

El diputado subrayó que estas cifras resultan desproporcionadas y contrarias a los principios de austeridad promovidos por el Gobierno Federal y replicados en recientes reformas al Poder Judicial, tanto federal como local.

Asimismo, destacó que la iniciativa está alineada con los valores éticos del movimiento de transformación nacional, los cuales exigen a los servidores públicos actuar con honestidad, austeridad y vocación de servicio.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y eventual dictamen.

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