Monterrey, NL., (Agencia Informativa de México).- Ante la posible multa por 55 millones de pesos del Instituto Nacional Electoral (INE), hacia el gobernador electo, Samuel García Sepúlveda, su esposa, acusó ante las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, violencia política de género.

En vísperas del resolutivo del INE, por el apoyo en campaña, que dio en redes sociales a su cónyuge, la “influencer” regiomontana remarcó su rechazo a la sanción que cierne en contra de García Sepúlveda. 

“Dicha determinación violenta mis derechos humanos de libertad de expresión, asociación, igualdad y libre de toda violencia, así como diversos derechos político electorales, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Tratados Internacionales, en los que México es parte”, dijo. 

“Al respecto, nuestro Estado se encuentra obligado a garantizar y salvaguardar el ejercicio de los derechos fundamentales y su desarrollo en sociedad, además debe de eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres”, enfatizó.  

“Tras la reforma al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en junio de 2011, todos los tratados internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por México, adquirieron rango constitucional”, dijo. 

Ante ello, subrayó en la queja interpuesta ante la CEDH y la CNDH, “el Estado Mexicano está obligado a hacer realidad el derecho a la participación política y a generar las condiciones para que sea ejercido en condiciones de igualdad, libres de discriminación y de violencia”. 

En el documento, se argumenta que México está suscrito al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos mismo que pretende asegurar las condiciones generales de igualdad, así como a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). 

Asimismo, indica que el artículo 6 de la Constitución Federal garantiza que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión, lo que implica el internet y sus distintas formas de comunicación como las redes sociales.  

“En ese contexto, la difusión de las publicaciones denunciadas fueron realizadas en ejercicio de mi libertad de expresión y de manera espontánea, por lo que de ninguna manera se trató de espacios comerciales, toda vez que no se recibió pago alguno mucho menos se tuvo que pagar para subirlas a algún sitio”, dijo la esposa del gobernador electo de Nuevo León. 

“La resolución sostiene que mi participación voluntaria, libre y espontánea, como parte del apoyo moral del vínculo matrimonial que me une con mi esposo, implica una aportación en especie en campaña, cuestión sesgada, que sin prueba alguna, trasgrede mis derechos humanos, imposibilitándome ejercer de manera libre mi libertad de expresión”, concluyó.