Reynosa, Tamaulipas. -  Gran controversia ha causado en Reynosa la petición que la administración municipal hizo para desalojar y derribar el albergue para migrantes Senda de Vida a petición de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), por encontrarse dicha construcción dentro del cauce del río Bravo.

Algunos grupos de la sociedad civil y hasta la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (Codhet) se han pronunciado en contra de dicha medida por razones humanitarias y respeto a los derechos humanos.

Sin embargo, el representante de la CILA Jorge Negrete Arroyos, explicó la situación del predio.

Precisó que el albergue Senda de Vida está construido dentro de las cauces del río, acción que no está permitida de acuerdo artículo IV-B del Tratado para Resolver las Diferencias Fronterizas pendientes para mantener los río Bravo y Colorado como la Frontera Internacional entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, firmado el 23 de noviembre de 1970.

Este acuerdo prohíbe la construcción de estructuras permanentes dentro de la zona de inundación del río Bravo que a juicio de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos, puedan constituir una obstrucción o desviación de la corriente normal o de avenidas de dicho río.

Negrete Arroyos, precisó que tanto la construcción antigua como la nueva ampliación construidas en terrenos del río, pone en grave peligro a las más de 600 personas que se encuentran en el albergue

Y es que argumentó que dicha construcción sería un obstáculo para el caudal del río, que en caso de una crecida, al agua buscaría su cauce y podría derribar la construcción. Sobre todo dijo la ampliación que se trata solo de relleno no muy firme en donde levantaron bardas de concreto.

"Ese relleno fue relleno a volteo, es decir fueron camiones de tierra que nada más los pusieron ahí sin compactación, y que en una crecida del río la corriente se los llevaría".

Aclaró que esta alerta sobre dicha construcción no es de últimas fechas, sino que se viene advirtiendo de la situación de riesgo desde 1999.

"Nosotros estamos advirtiendo como institución que es nuestro deber, principalmente por el conocimiento de un tratado internacional binacional, entre México y Estados Unidos que prohíbe construcciones sobre el río y que le está quitando capacidad de conducción al río Bravo, y que está en riesgo la vida de las personas y toda la inversión que se ha hecho".