Ciudad Victoria, Tamaulipas. - El Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) aprobó, frente a alguna resistencia de parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido del Trabajo (PT), el límite para el financiamiento privado que deberá de estar vigente para las elecciones de alcaldes y diputados locales para los comicios concurrentes del próximo año.

De esta manera, los partidos políticos podrán recibir recursos de sus militantes, simpatizantes, precandidatos, candidatas y candidatas, que son similares a los que aportarán para el caso de los candidatos independientes, que en suma es cercano a los 24 millones de pesos.

Es a este monto privado a lo que más recurren durante el desarrollo de sus actividades partidos y candidatos, por lo que el representante del PRD, Jorge Mario Sosa Pohl, consideró importante la fiscalización de este recurso.

Y es que, así como hay organismos políticos que reciben financiamiento público para la promoción de candidatos por parte del Ietam, hay otros que no y sólo verán ingresar, los que provienen del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) como el caso del PRD.

Tomando en cuenta el proyecto de acuerdo, aprobado por el Consejo General del Ietam, el límite anual de aportaciones de militantes supera los tres millones de pesos, aunque la cuota de simpatizantes es mayor a los diez millones de pesos.

Las aportaciones del conjunto de precandidatos, y candidatos durante el próximo año, será de diez millones 337 mil pesos, mientras que en lo individual por simpatizantes, de apenas 516 mil pesos.

Durante la segunda ronda de intervenciones se agotó, tras dudas y reflexiones del representante del PRD, como del PT, Arsenio Ortega Lozano, quienes coincidían que para muchos partidos es mejor el financiamiento privado que el recurso público, al ser más fiscalizado.

Por su parte, el presidente del Ietam, Juan José Ramos Charre, compartió las posturas y razonamientos de los representantes políticos, pero dejó en claro que lo único que estaba haciendo el Consejo General, era someter a la aprobación lo que establece la Constitución, la Ley Electoral y otras disposiciones legales.

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