Aunque legalmente no existen elementos para fundamentar la desaparición de poderes en Veracruz, Guanajuato y Tamaulipas –como lo ha reconocido el jefe del Ejecutivo federal--, el martes venidero la Comisión (senatorial) de Gobernación iniciará la revisión de las solicitudes de declaratoria.

Ahí mismo el presidente de ésta, Cristóbal Arias Solís, propondrá crear un grupo de trabajo que viaje a las tres entidades para analizar la situación, durante cinco días --el plazo legal--, a fin de, según ha dicho, ‘no dictaminar sobre las rodillas’.

Pero es incongruente entre lo que dice y hace, pues ha asegurado que “en Guanajuato y Tamaulipas está perdiéndose la gobernabilidad –en base a notas periodísticas--, y las autoridades están rebasadas para enfrentar el problema de seguridad pública”.

Obviamente su tarea legislativa es tendenciosa –él milita en Morena--, y esto me lleva a suponer que la fracción guinda de esa comisión –8 de 16 senadores--, coludida con los legisladores del PRD y PT, darían ‘luz verde’ al procedimiento (en primera instancia), aunque ya en el pleno se deseche.

En cuanto al caso de Veracruz, igual justifica al gobernador Cuitláhuac García Jiménez por haber destituido al hoy ex fiscal Jorge Winckler Ortiz. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dio la razón al haberle negado su restitución que, por ende, echa abajo el reclamo albiceleste para la desaparición de poderes en aquel estado.

Sin embargo él como su par Ricardo Monreal Ávila insisten en llevar al cadalso a los gobernadores de Tamaulipas y Guanajuato –Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo--, con argucias y elucubraciones hasta el grado de inventar --lo creo mientras no demuestren  lo contrario--, intimidaciones contra los senadores Américo Villarreal Anaya, María Guadalupe Covarrubias Cervantes y Martha Lucía Micher Camarena (al menos), quienes por cierto hasta hoy no han exteriorizado queja alguna.

Y eso, precisamente, es un indicativo de la perversidad de Monreal, en su búsqueda de diezmar la fortaleza albiceleste.

Sobre todo cuando sabe que para justificar la desaparición de poderes se requiere, al menos, que las autoridades estatales:

1) Quebranten los principios del régimen federal;

2) Abandonen el ejercicio de sus funciones a no ser que medie casusa de fuerza mayor; y

 3) Que estén imposibilitados para cumplir el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos, que afecten la vida del estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico.

En la discusión primaria sobre la solicitud de desaparecer los poderes en tres estados, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió cordura a los legisladores, sugiriéndoles dialogar antes de seguir enfrascados en la pretensión baladí que a nada bueno conduce.

Los mandatarios estatales, por su parte, recibieron de inmediato apoyo poblacional –aquí en Tamaulipas fue y es harto notorio--, pues aparecen en el escenario con calificaciones aprobatorias.

Y al menos el gobernador local bien ha atendido el rubro por el que los morenos pretenden ‘derrocarlo’, como el propio presidente reconoció en su visita más reciente al estado, al reconocer que: los índices de violencia han disminuido.

Pero las fracciones parlamentarias de Morena y Acción Nacional están empeñadas en lastimarse, sin entender que con su actitud ponen en riesgo el Pacto Federal y por consiguiente el desarrollo del país.

Federalismo arcaico

El sistema político mexicano ha hecho del federalismo su razón de ser. Y cada uno de sus 32 integrantes está obligado a respetar los acuerdos suscritos cuando México se definió constitucionalmente como República; amén de los acuerdos posteriores que se dieron en el mismo sentido.

Sus representantes –o sea los gobernadores--, saben bien que este sistema de gobierno es el resultado de grandes confrontaciones armadas y acalorados debates.

Un documento elaborado por la misma Federación, refiere que ‘desde su origen sistema mexicano tuvo por objetivo unir sin fusionar, y diferenciar sin dividir”.

Pero el centralismo afecta el desarrollo de las entidades, por lo que ya es necesario revisar el Pacto Federal para adecuarlo a los nuevos tiempos y circunstancias.

Coordinación fiscal

A lo largo de su historia el federalismo había estado cumpliendo con sus objetivos de mantener la articulación de las entidades federativas y conducir al país hacia un modelo de desarrollo.

Encuentra su mecanismo de expresión a través del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), que es el arreglo entre los distintos órdenes de gobierno para la administración, cobro y recaudación de los ingresos públicos (impuestos).

Su antecedente se encuentra en las Convenciones Nacionales Fiscales de 1927, 1933 y 1947; ahí se estableció la mejor manera de organizar los recursos económicos del país.

Sobre el particular, un análisis presentado ante los gobernadores y el jefe del Ejecutivo federal, confirma que antes de la aparición de los primeros antecedentes claros de la coordinación fiscal, la situación existente en esta materia en México se caracterizaba por la multiplicidad de tributos federales, estatales y municipales; la complejidad del sistema tributario; la existencia de leyes fiscales a menudo contradictorias, y las exacciones desproporcionadas e inequitativas en gravámenes concurrentes.

“Para corregir esta situación –agrega el documento--, se realizaron inicialmente las Convenciones Nacionales Fiscales.

“Éstas constituyeron un esfuerzo de unión, de colaboración y de ordenamiento de la concurrencia y las potestades tributarias, orientado a pactar acuerdos entre los gobiernos de las entidades federativas y el gobierno federal, así como para compartir el rendimiento de los impuestos.

“Así, a finales de 1953 se crea la Ley de Coordinación Fiscal que unió a algunos estados mediante un convenio que los obligaba a derogar contribuciones locales a cambio de recibir participaciones de la Federación.

“Hasta 1973 todos los estados fueron coordinados al reformarse la Ley Federal sobre Ingresos Mercantiles, que posteriormente fue llamada Ley de Coordinación Fiscal.

“En México la coordinación fiscal se ha centrado fundamentalmente en el aspecto del ingreso. Sin embargo, en las cuatro últimas décadas iniciaron procesos de descentralización del gasto federal en educación y salud, transfiriéndose recursos a los estados con facultades limitadas, en un modelo centralista e insuficiente que no responde a las necesidades actuales”.

Por tanto, el sistema se encuentra prácticamente agotado y debe ampliarse su horizonte hacia una coordinación integral del ingreso, el gasto y la deuda entre los tres órdenes de gobierno; todo ello encaminado al urgente fortalecimiento del federalismo mexicano que debe ser, no sólo fiscal, sino también hacendario. 

¿Nuevo sistema?

Para algunos estudiosos del tema, es necesario realizar una serie de ajustes profundos que permitan al país adaptarse a una nueva realidad para así lograr un desarrollo incluyente y equitativo.

Al proyecto se le ha denominado reforma del Estado.

Pero no es idea original del actual Presidente.

En los últimos 40 años, académicos, investigadores, especialistas, luchadores sociales, miembros de organismos no gubernamentales y funcionarios de gobierno han investigado, denunciado, cabildeado y luchado por la redefinición de un federalismo acorde a los tiempos modernos que implique la revaloración de los órdenes y estructuras de gobierno, redefina su autonomía y libertad, fomente la asociación entre todos los órdenes de gobierno y los tres Poderes de la Unión, para que México se convierta en una verdadera República con poderes definidos en el ámbito local, regional, estatal y federal, y con una personalidad que impulse el desarrollo.

Esta lucha por un auténtico federalismo otrora estuvo encabezada por la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), aun cuando desde su nacimiento haya encontrado serios obstáculos por parte del gobierno federal; y esa batalla hoy parece estar perdida (más para mal que para bien), pues al presidente actual tampoco le interesa sentar bases reales para la redacción de una nueva Carta Magna que conlleve a la renovación del Pacto Federal.

Cicuta

Por lo que observo, el asunto de la desaparición de poderes se alargaría por ser un recurso para distraer la atención sobre el reclamo justo de que el presupuesto del 2020 sea repartido equitativamente.

Y esto mismo me lleva a suponer que lo que en realidad está en juego, es la distribución de los recursos.

De ahí el amago político.

Juan Sánchez Mendoza

Ha ejercido el periodismo durante más de tres décadas, alcanzado premios estatales en dos ocasiones; autor del libro "68. Tiempo de hablar"(que refiere pormenores del memorable movimiento estudiantil); autor de ensayos literarios; y reportero de investigación de tiempo completo, acá en territorio nacional y más allá de nuestras fronteras y del continente americano.