Guatemala, (Notimex).- La titular del Ministerio Público (MP), institución responsable de la persecución del crimen en Guatemala, María Consuelo Porras, inauguró hoy una instancia específica de protección a féminas de acuerdo con la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas.

La funcionaria destacó que el propósito del mecanismo de alerta se puso en marcha para garantizar la pronta localización y resguardo de la víctima, dentro o fuera del territorio nacional y evitar cualquier tipo de violencia en su contra.

"Con este esfuerzo institucional esperamos que la Alerta Isabel-Claudina nos permita localizar rápidamente a las mujeres y evitar que tras su desaparición puedan ser objeto de otro tipo de peligros", puntualizó Porras.

De acuerdo con datos del MP, desaparecen a nivel nacional un promedio de dos mujeres. 

“Las mujeres están expuestas a situaciones de riesgo por la discriminación de un sistema desigual que fomenta, naturaliza y normaliza comportamientos agresivos hacia las mujeres y principalmente hacia sus cuerpos”, aseveró el MP.

Para la aplicación eficiente de la disposición en favor de la seguridad de la población femenina se formó una coordinadora integrada por instituciones como el MP, los ministerios de Relaciones Exteriores y Gobernación, Policía Nacional Civil, Dirección General de Migración y Procuraduría General de la Nación, entre otras.

La Alerta Isabel-Claudina fue creada por petición de los familiares y aprobado por el MP el pasado 30 de julio. Se refiere a los casos de María Isabel Veliz Franco, quien tenía 15 años cuando desapareció el 16 de diciembre del 2001. El cadáver de la víctima, violada y torturada, se localizó dos días después.

El otro caso es el de Claudina Isabel Velásquez Paiz, desaparecida el 12 de agosto de 2015, luego de salir de la universidad hacia una fiesta. La estudiante de Derecho, que contaba con 19 años, fue asesinada.

Guatemala es uno de los países de Centroamérica con más casos de muertes violentas de mujeres, y también con el mayor índice de impunidad.

Un número reducido de victimarios es detenido y condenado por la justicia, de acuerdo con activistas de derechos humanos.