México, 24 Julio.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) vigilará el cumplimiento de las 53 recomendaciones de acción y las cuatro de divulgación dirigidas al Estado mexicano emitidas por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

La resolución incluye la obligación de México de presentar en el plazo de dos años un informe preliminar de avances en materia de acciones para frenar la violencia basada en género, concretamente la armonización de protocolos y sanciones por feminicidio, la evaluación diagnóstica de alertas de violencia de género, así como la armonización y simplificación para la activación de la Alerta Ámber y el Protocolo Alba.

Explica que el Comité de la CEDAW invita al Estado mexicano a presentar su décimo informe en 2022 y a que las conclusiones y recomendaciones emitidas el 20 de julio pasado se den a conocer ampliamente en idioma español y en lenguas oficiales del país, sobre todo entre integrantes de los poderes Legislativo y Judicial para garantizar su cumplimiento.

Las recomendaciones sobre el Noveno Informe Periódico de México incluyen 18 esferas de preocupación, entre las que destacan violencia basada en género, erradicación del matrimonio infantil, acceso a la justicia, así como protección de defensoras de derechos humanos.

También, participación política, empoderamiento económico, salud y mujeres privadas de la libertad, temas en los que la comisión de derechos humanos hizo contribuciones mediante el Informe Alterno que presentó y las cuales fueron retomadas por el Comité de la CEDAW.

Para cada esfera de preocupación, emite recomendaciones para actuación gubernamental inmediata, como la asignación de presupuestos públicos suficientes, la integralidad de los servicios de atención y reparación a víctimas, la armonización de marcos normativos y la profesionalización de funcionarios de investigación y procuración de justicia.

Las recomendaciones emitidas destacan la aplicación de la “NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención”, así como la ratificación de la recomendación sobre la armonización de leyes en el país para la despenalización del aborto, que hoy cuenta con la garantía de prestación de servicios posaborto, incluso en los casos que sea contrario a la ley.

Las recomendaciones también hacen un llamado a que la reciente reforma a la Ley de Salud sobre objeción de conciencia no se constituya en un obstáculo para el derecho a la salud de las mujeres y se garantice la atención, con canalizaciones oportunas a personal no objetor.

Ello, en sintonía con los contenidos del informe presentado por la CNDH, en el que se argumenta la acción de inconstitucionalidad llevada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en junio pasado.

El Comité reconoció los esfuerzos de México para superar el clima general de violencia y promover los derechos de las mujeres; sin embargo, lamentó que los persistentes altos niveles de inseguridad, así como los retos asociados con estrategias públicas de seguridad, afecten el disfrute de los derechos de las mujeres y niñas, entre ellas, las indígenas y afrodescendientes.

Según datos que la CNDH aportó al Comité de la CEDAW, basados en los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, en México, casi siete de cada 10 mujeres han sufrido violencia.

Además, 43.9 por ciento han sido agredidas por su esposo, pareja o novio; ocho por ciento ha sufrido violencia y pensado en suicidarse y 3.4 por ciento lo ha intentado.

Finalmente, la CNDH hizo ver la urgencia de robustecer los sistemas de acceso a la justicia para que las mujeres puedan denunciar a sus agresores y reducir significativamente la violencia de género.