Bogotá, (Notimex).- Los millonarios sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht generó un sismo en el sistema electoral colombiano con las investigaciones que adelanta la Fiscalía general por los supuestos aportes que hizo a las dos principales campañas electorales presidenciales de 2014.

El primer escándalo que surgió fueron los pagos de Odebrecht a la campaña del abanderado presidencial del movimiento derechista Centro Democrático Oscar Iván Zuluaga, y el segundo a la candidatura del jefe de Estado Juan Manuel Santos.

El escándalo de los sobornos internacionales de Odebrecht llegó a Colombia el pasado 12 de enero cuando ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales durante el gobierno del expresidente Alvaro Uribe Vélez, fue capturado por la Fiscalía General.

García Morales ya aceptó los cargos del ente judicial por los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito al recibir 6.5 millones de dólares para que garantizará un contrato para la construcción de una franja de una autopista en Colombia.

Cuatro días después, se conoció en Colombia que la multinacional brasileña Odebrecht contrató en 2013 al excongresista Otto Nicolás Bula, con la modalidad de “cuota de éxito” para lograr la adición de un contrato en una importante vía en el nororiente de Colombia, por el cual recibió 4.5 millones de dólares.

Bula se convirtió en segundo “pez gordo” que capturaba la Fiscalía General, en el caso de los sobornos de Odebrecht, pero este dirigente político con influencia en las esferas del poder en Colombia, decidió contar su verdad ante la justicia, a cambio de beneficios jurídicos.

Según su testimonio, él entregó un millón de dólares a la campaña “Santos Presidente 2014”, por intermedio de un tercero que era cercano a la gerencia del dicho movimiento político.

Las campañas de Zuluaga y Santos ya negaron que hayan recibido aportes de la multinacional Odebrecth, ya que es un delito electoral en Colombia, pues la Ley prohíbe que personas jurídicas o naturales extranjeras financien las campañas políticas.

El Fiscal General Néstor Humberto Martínez explicó que hasta el momento lo que existe son testimonios de Bula, pero aún no tiene en su poder la “prueba reina”, que demuestre que el millón de dólares ingresó a la campaña presidencial de Santos.

Sin embargo, la denuncia del excongresista confeso, más la captura de una ex viceministro de la cartera de Transporte, y los dineros que habrían ingresado a la campaña de Zuluaga, ocasionó un sismo político en Colombia.

Zuluaga por un lado representa al movimiento político Centro Democrático, que lidera Uribe Vélez, el político opositor con más fuerza en la opinión publica colombiana, y Santos es el jefe de Estado. De este tamaño es el escándalo.

Dirigentes políticos de todos los sectores, editoriales de los principales medios de comunicación, organizaciones civiles, exigen que se aclare y se llegue hasta las últimas consecuencias en estos dos casos específicos de las dos campañas electorales.

El influyente diario El Tiempo en su editorial de este jueves señaló que “es indudable el manto que se ha tejido con respecto a la probidad de ambas campañas es de una enorme gravedad”.

“Ante las inquietudes, lo único que procede es que las instituciones operen y se apliquen en la búsqueda de la verdad, a sabiendas de que la credibilidad de la democracia colombiana está en juego”, subrayó.

Agregó que “tan compleja labor debe ser ágil y profunda a la vez, para lo cual habrá que acudir a la cooperación internacional y al uso de todas las herramientas forenses que sean indispensables”.

Para ahondar en la investigación, ambos casos los retomó el Consejo Nacional Electoral que designó a dos magistrados que viajarán a Brasil en búsqueda de las pruebas para poder aplicar las sanciones que tenga lugar de acuerdo a la Ley electoral.

Una de las sanciones- además de multas- es la cancelación de la personería jurídica de los partidos que avalaron a los dos candidatos en 2014: El partido de La U (Santos) y Centro Democrático (Zuluaga), dos instituciones que representan el poder de centro derecha y de la extrema derecha en Colombia.

El presidente Santos en su más reciente mensaje de Twitter pidió al Consejo Nacional Electoral una investigación a fondo “lo más rápido posible para que salga a la luz pública toda la verdad en caso Odebrecht”.

Este escándalo aceleró la campaña política por la presidencia de Colombia (2018-2022), porque los pre candidatos conservadores, liberales, independientes y de izquierda empezaron a levantar la bandera contra la corrupción.

La guerra y la paz que predominó en las campañas presidenciales en los últimos 30 años, ahora no será el eje en los debates electorales en el 2017 y 2018.

El post-conflicto y la consolidación de la paz en Colombia quedarán relegados a un segundo plano por causa del monstruo de la corrupción.

La senadora Claudia López, aspirante presidencial por Alianza Verde, lleva dos semanas recorriendo ciudades y municipios de Colombia recogiendo firmas para un referendo que permita hacer reformas profundas al sistema político y electoral en Colombia.

“Odebrecht ganaba con cara o sello. Invirtió por igual en campaña Santos/ (German) Vargas y Zuluaga/ (Carlos) Holmes. Y estos personajes tienen la cara de seguir!”, fue la reacción de la dirigente política quien también promueve una gran alianza para las elecciones de 2018, con la bandera anticorrupción.

Germán Vargas Lleras, el actual vicepresidente de Colombia, quien renunciara en las próximas semanas para iniciar campaña por la presidencia de Colombia como abanderado por Cambio Radical, uno de los partidos de la coalición de gobierno de Santos.

Carlos Holmes Trujillo, es precandidato por el derechista Centro Democrático, que compite a su vez con otros aspirantes de dicha colectividad, entre ellos el cuestionado Oscar Iván Zuluaga.

Los sectores independientes, liberales, conservadores y la izquierda, con sus diferentes matices, ya iniciaron sus consultas para definir la estrategia electoral y sus respectivos candidatos a la presidencia del 2018.