México, (Notimex).- La Procuraduría General de Justicia capitalina difundió las 10 acciones diseñadas y emprendidas por las instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y académicos para dar un adecuado seguimiento y robustecer el Sistema de Justicia Penal en México.

En un comunicado, recordó que a partir del 15 de octubre de 2016 el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como enlace operativo del Ejecutivo federal, en coordinación con los poderes Legislativo y Judicial impulsaron las acciones para consolidar el Sistema de Justicia Penal.

Estas 10 acciones se definieron en la primera reunión de secretarios ejecutivos, órganos implementadores y Red Nacional de Voceros, que se llevó a cabo en diciembre pasado.

La procuraduría mencionó que las acciones implementadas son mejorar el formato de Informe Policial Homologado (IPH); consolidar las unidades de Atención Temprana y los órganos especializados de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de las procuradurías y fiscalías del país.

Establecer el Modelo Homologado Nacional de Policía en Funciones de Seguridad Procesal e implementar otro de Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso.

Asimismo, instrumentar el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes mediante las acciones coordinadas del Grupo de Trabajo Interinstitucional y promover el Modelo de Justicia Terapéutica incluido en la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Otras de las acciones son fortalecer en las entidades federativas la figura de los asesores jurídicos de víctimas, e impulsar el Programa de Actualización y Profesionalización en materia del Sistema de Justicia Penal para policías, peritos, agentes del Ministerio Público, facilitadores y personal del Sistema Penitenciario.

De igual manera, establecer un sistema de base de datos e indicadores que permita evaluar el desempeño de los operadores de las instituciones de seguridad pública, procuración de justicia y sistema penitenciario, para detectar brechas y estandarizar la operación.

Finalmente, impulsar un programa de gestión, reorganización institucional que permita dar cumplimiento al cierre del sistema tradicional de justicia y a los acuerdos que consolidan el nuevo sistema.