Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Tamaulipas, implementó desde finales del mes de diciembre la Estrategia Integral de Protección a la Economía Familiar, con la intención de vigilar que las 465 estaciones de gasolina del Estado, evitaran caer en prácticas comerciales abusivas o desleales.

De igual forma, una vez que entraron en vigor los precios máximos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se implementó un operativo de verificación de respeto a dichos precios.

Debido a ello se realizaron visitas en más de 145 estaciones de servicio que concentran el 65 por ciento de la actividad comercial en Tamaulipas, siendo estas las de Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Matamoros, San Fernando, Ciudad Victoria, El Mante, Altamira, Ciudad Madero y Tampico.

La Profeco indicó que en ninguno de los casos se encontraron irregularidades, desde el punto de vista comercial, recordando que la verificación metrológica corresponde exclusivamente a oficinas centrales.

Como parte de la estrategia implementada en todo el territorio nacional, se realizan monitoreos diarios de 35 productos que componen la canasta básica alimentaria, detectando aumentos no representativos que oscilan entre el 3 y 6 por ciento en productos como la cebolla, el tomate, el pollo, el huevo y la tortilla. 

En ese sentido, se enviaron a diferentes giros comerciales relacionados con la canasta básica un total de 120 requerimientos de información para que los establecimientos informaran a la Profeco si existe aumento en los precios y de ser así, que acrediten documentalmente que el aumento se está realizando en la proporción justa del componente combustible respecto del precio final. 

Sólo en lo que va del presente mes se han realizado más de 350 visitas de verificación, vigilancia y monitoreo de precios en productos principalmente, en tortillerías donde hasta el momento se han colocado sellos de suspensión en 15 establecimientos en todo el Estado por no acreditar el incremento en los insumos, no exhibir el precio del kilogramo, no entregar comprobantes y no tener calibradas las básculas. 

Se exhortó a todos los establecimientos del Estado a que en caso de que se tenga planeado aumentar el precio de algunos productos, deberán ser capaces de comprobar documentalmente dicho incremento porque de no hacerlo podrán hacerse acreedores a sanciones que alcanzan los cuatro millones de pesos.
vmp