PARECE QUE, por fin, el Congreso del Estado se decidió a sacar de la “congeladora” las cuentas públicas del exalcalde de Reynosa, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Por lo menos eso se deduce del anuncio hecho ayer por el diputado priista y presidente de la Comisión de Vigilancia, Erasmo González Robledo, en el sentido de que no terminara el presente año sin desahogar las cuentas del actual Senador blanquiazul.
Habría que decir, sin embargo, que más que por voluntad propia el Pleno Legislativo desempolvara los expedientes obligado por el riesgo de prescripción legal.
Y es que, si no desahogan las cuentas públicas para noviembre próximo, el Congreso del Estado, a través de la Auditoría Superior del Estado, quedaría impedido para emprender alguna acción legal ante un eventual descubrimiento de malos manejos financieros.
La pregunta obligada es: ¿En qué sentido le dictaminarán las cuentas públicas al exedil reynosense? ¿A favor o en contra?.
Esa es la incógnita.
EN ESE MISMO tena, el legislador González Robledo aseguró que la Auditoría Superior del Estado prepara demandas penales en contra de al menos trece alcaldes que no han entregado sus cuentas públicas del 2013.
Se trata de los ediles de Burgos, Bustamante, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Jaumave, Palmillas, Soto la Marina, Tula, Miquihuana, San Fernando, Ocampo, San Carlos y San Nicolás.
El priista asegura que multaran por segunda ocasión a los alcaldes, pero en caso de insistir en su negativa de entregar los informes financieros, llevarán el asunto a la cancha de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para fincar responsabilidades penales.
Habrá que ver hasta donde el diputado hablaba en serio o su declaración fue un mero mensaje intimidatorio para los incumplidos.
Y es que, hasta donde se sabe, ha sido más el bla, bla, bla, que los hechos concretos, porque es fecha que todavía no fincan ni la primera multa a los ediles.
EN OTRA FRECUENCIA, en esa decisión de la autoridad de emprender un operativo para obligar a los automovilistas a eliminar el polarizado de sus unidades, la pregunta que se hacen muchos ciudadanos es : ¿y los vehículos oficiales?.
Como que no se ve nada bien que a Juan Pueblo se le aplique la ley a rajatabla, mientras que a los conductores de unidades de corporaciones policiacas se les otorga impunidad en ese tema.
Una de las características de la ley es su generalidad por lo que su aplicación de ninguna manera debe ser discrecional.
Ahí es donde se genera gran parte de la desconfianza de la sociedad.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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