Pónganle freno al alcalde
UNO.— Cuando un operativo municipal genera más dudas que soluciones, cuando los animales terminan enfermos, los propietarios no saben dónde están sus reses y las autoridades no ofrecen explicaciones convincentes, el problema deja de ser meramente administrativo y se convierte en un asunto de confianza pública, e incluso de carácter penal.
Lo que está ocurriendo en Altamira con los operativos para retirar ganado de la vía pública comienza a convertirse en un serio problema para el gobierno de Armando Martínez Manríquez.
Y no precisamente porque la ciudadanía esté en contra del orden o de que se aplique el reglamento, sino porque existe una creciente percepción de que las autoridades están utilizando esas disposiciones sin la transparencia ni la responsabilidad que deberían caracterizar a una administración pública.
El malestar tiene razones concretas: ganaderos que denuncian la desaparición de sus animales, propietarios que aseguran haber recibido sus reses en condiciones deplorables, señalamientos sobre la falta de alimento y agua durante el resguardo y, sobre todo, la ausencia de explicaciones claras acerca de dónde están los animales y bajo qué procedimientos fueron retirados.
Hay que precisar que una cosa es retirar ganado que representa un riesgo en la vía pública y otra muy distinta es que los propietarios tengan que recorrer oficinas municipales para averiguar dónde están sus animales, mientras otros denuncian que les fueron devueltos prácticamente moribundos.
El caso de Jorge Olvera Pérez, quien asegura que el Ayuntamiento de Altamira retiró su vaca y hasta ahora desconoce su paradero, es particularmente delicado.
Ya existe, según lo denunciado, una querella penal y ahora corresponderá a la Fiscalía investigar qué sucedió. Ojalá proceda.
A esto se suman las denuncias de ganaderos que aseguran haber sufrido pérdidas económicas y afectaciones por las condiciones en que les fueron devueltos sus animales.
Y peor aún: otros afirman que ni siquiera se los han devuelto.
Lo más grave de todo lo anterior es que entre la población ha comenzado a crecer la sospecha de que estas acciones podrían estar convirtiéndose en un mecanismo de recaudación para las arcas municipales, más que en una estrategia de prevención y ordenamiento.
Si existen multas, cobros por traslado, alimentación o resguardo, el Ayuntamiento tiene la obligación de transparentarlos, explicar cómo se determinan y precisar a dónde van esos recursos.
Por cierto, no basta con invocar un reglamento.
La autoridad debe demostrar que actúa conforme a derecho y que no utiliza sus facultades para afectar injustificadamente el patrimonio de los ciudadanos.
El reclamo se hizo al propio alcalde durante su conferencia mañanera número 267, donde Armando Martínez Manríquez enfrentó los cuestionamientos de los ganaderos y de la abogada Gabriela Ibarra, sin que quedara resuelta la interrogante principal:
¿Dónde está la vaca?
Pero, mientras los ciudadanos esperan respuestas, Armando Martínez Manríquez mantiene su presencia pública y sus aspiraciones de trascender políticamente, incluso con miras a buscar una diputación federal.
Por lo pronto, Altamira no necesita operativos que terminen en confrontaciones, denuncias y sospechas.
Necesita autoridades que expliquen, documenten y respondan por cada una de sus acciones.
Si el alcalde considera que está actuando correctamente, lo más sencillo sería transparentar las actas de aseguramiento, los registros de ingreso y salida de los animales, los lugares de resguardo, los dictámenes veterinarios y los cobros realizados a los propietarios.
Simple: la ciudadanía no está pidiendo privilegios.
Está exigiendo que se respete la ley, pero también que la autoridad la respete.
DOS.— La investigación encabezada por especialistas de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, relacionada con el gusano barrenador, representa una valiosa aportación para el sector ganadero.
Anticipar dónde puede propagarse la plaga permitirá orientar mejor los recursos, fortalecer la prevención y proteger el patrimonio de miles de productores.
En momentos en que el sector ganadero enfrenta uno de sus desafíos sanitarios más importantes, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) demuestra que su compromiso con la sociedad va más allá de las aulas.
También está en el campo, donde los productores necesitan respuestas, soluciones y herramientas para enfrentar problemas que amenazan su actividad económica.
El desarrollo de un modelo de distribución potencial y zonas de riesgo del gusano barrenador, encabezado por el doctor Francisco Reyes Zepeda, investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, representa una contribución significativa para la ganadería tamaulipeca.
Y es que, ante una plaga que puede ocasionar importantes pérdidas económicas y afectar la salud del ganado, esperar a que los brotes aparezcan para actuar ya no es suficiente.
La prevención, el diagnóstico oportuno y la capacidad de anticiparse a los riesgos son fundamentales.
La importancia de este proyecto universitario radica en utilizar información sobre casos de infestación, variables ambientales y modelos de simulación para identificar las regiones donde existen condiciones favorables para la presencia y reproducción de la mosca responsable de la plaga.
De manera que no se trata solamente de estudiar una plaga, sino de generar información estratégica que permita tomar mejores decisiones.
Por cierto, uno de los aspectos más relevantes es que los resultados podrían ayudar a las autoridades sanitarias a determinar con mayor precisión dónde concentrar los esfuerzos de combate, incluyendo la liberación de moscas estériles, una de las herramientas utilizadas en las estrategias de control del gusano barrenador.
Esto significa aprovechar mejor los recursos económicos y humanos, evitando que las acciones se realicen sin una orientación territorial suficientemente sustentada.
La visión multidisciplinaria de la investigación, en la que participan especialistas de diferentes áreas de la UAT y que incorpora no solamente aspectos veterinarios y ecológicos, sino también el componente social, merece un reconocimiento.
Hay que decirlo: detrás de cada animal afectado existe un productor, una familia y una actividad económica que puede verse seriamente comprometida, tanto en el aspecto económico como en el sanitario.
Resulta fundamental que los ganaderos participen, reporten los casos y compartan información sobre las afectaciones que enfrentan.
La propia investigación reconoce que todavía no existe un registro completo de la incidencia de la enfermedad en los municipios, debido, entre otros factores, a que algunos casos no son reportados por los productores.
José Luis Castillo Gutiérrez
Es licenciado en Derecho
Reportero y colaborador de diversos medios entre ellos la verdad de Tamaulipas, El Tiempo de Mante, grupo Radiorama y diferentes medios digitales del Estado.
Fue jefe de prensa en el PRI municipal Victoria, coordinador de Prensa en la dirección del CERESO de Victoria, coordinador de prensa en campañas políticas y también titular de prensa en la Secretaría de Salud.
También fue Jefe de Comunicación Social del Congreso del Estado de Tamaulipas
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