Si hoy fueran las elecciones, seguramente el morenismo sufriría derrotas significativas, perdería el control de la Cámara de Diputados y algunos congresos locales. Incluso se especula que podría perder la mitad de las gubernaturas en juego el año que viene.

El cambio en la narrativa sobre los responsables del Instituto Nacional Electoral (INE) y su desprestigio en 2026 no tiene parangón.

Deslindar a Guadalupe Taddei del morenismo es casi imposible. Recomendada, según se ha señalado, por Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y respaldada por Andrés Manuel López Obrador en su momento, fue la carta fuerte del régimen para colonizar el organismo electoral.

El Congreso le abrió facultades especiales y puso en sus manos la designación de buena parte de la estructura directiva del Instituto, que incluía más de 17 direcciones de área, además de la influencia que se le atribuye sobre organismos electorales locales en estados clave para la 4T.

Pero lo peor que le puede pasar a un político o servidor público es dejar de ser útil al Estado.

O como decía el incomparable Chuy Vega: “llévate lo que sea, pero que no se den cuenta”.

El asunto es que, desde mi perspectiva, sus mismos compañeros de lucha pudieron haberle tendido la cama.

Ninguna información sale de los círculos del poder sin que alguien la conozca. Y cuando existen grupos internos antagónicos, las filtraciones suelen convertirse en instrumentos de disputa.

Los datos del INE están protegidos. Si determinada información fue puesta a la luz pública y llegó a manos de los medios de comunicación, cabe preguntarse quién conocía esos movimientos desde el interior del organismo.

¿Quién tenía acceso a los documentos? ¿Quién decidió que era momento de exhibirlos? ¿Y a quién beneficiaba políticamente su difusión?

Hasta que apareció una frase que terminó por llamar la atención:

“París a tus pies”.

Con esta expresión salió a la luz la figura de Alfredo Hernández Casillas, señalado en versiones públicas por sus presuntos vínculos con contrataciones del INE y con el entorno de Guadalupe Taddei.

Las acusaciones difundidas le atribuyen influencia en procesos de licitación y contratación de empresas, señalamientos que requieren una investigación documental para determinar su alcance y establecer si existieron irregularidades.

También surgió la historia de un cuaderno presuntamente olvidado en una mueblería de alta gama, cuyo contenido habría contribuido a divulgar información sobre esas relaciones.

Una historia que parece sacada de una novela política.

Sin embargo, más allá de lo llamativo del relato, lo importante sería establecer la autenticidad de esos documentos, su procedencia y la relación que pudieran tener con decisiones administrativas del organismo electoral.

Todo se salió de control en el terreno mediático.

Diversos cuestionamientos han colocado bajo escrutinio las facultades de la presidencia del INE, los mecanismos internos de vigilancia y el papel de los consejeros frente a posibles irregularidades administrativas.

Porque una cosa es contar con atribuciones legales para dirigir una institución y otra muy distinta es que esas facultades puedan ejercerse sin controles efectivos.

La discusión también alcanzó la presunta relación personal y de negocios entre Guadalupe Taddei y Alfredo Hernández Casillas.

Y como suele ocurrir cuando los asuntos personales se mezclan con los intereses políticos y económicos, las versiones se multiplican.

Pero las relaciones personales, por sí mismas, no acreditan la comisión de un delito. Lo que debe investigarse es si existieron conflictos de interés, beneficios indebidos o intervenciones irregulares en contrataciones públicas.

Sin embargo, el tema de fondo es la rendición de cuentas.

Si las irregularidades denunciadas se comprueban, deberán establecerse responsabilidades sin importar los vínculos políticos de los involucrados.

Y si no existen elementos suficientes, también debe aclararse públicamente, porque el prestigio de una institución electoral no puede quedar sometido indefinidamente a versiones, filtraciones y acusaciones sin resolver.

La Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy, y las instancias competentes tendrían que determinar si los señalamientos ameritan investigaciones y, en su caso, informar sobre sus resultados dentro de los límites legales.

No basta con trasladar las culpas al pasado.

Mucho menos con repartir responsabilidades entre administraciones anteriores, desde los tiempos de Carlos Salinas de Gortari y las etapas de José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde y Lorenzo Córdova, para diluir los cuestionamientos actuales.

Cada administración debe responder por las decisiones que tomó durante su gestión.

Y si desde la 4T se pretende deslindar políticamente a Guadalupe Taddei, habrá que explicar con claridad cómo se construyeron los respaldos que hicieron posible su llegada a la presidencia del organismo electoral.

Porque las responsabilidades políticas no desaparecen simplemente cambiando la narrativa.

También se han mencionado cifras multimillonarias relacionadas con las contrataciones cuestionadas. Sin embargo, es indispensable distinguir entre el monto total de los contratos, las cantidades efectivamente pagadas y los recursos que pudieran estar vinculados con irregularidades.

No es lo mismo hablar de 30 mil millones de pesos en contrataciones que afirmar que esa cantidad fue desviada.

La diferencia es fundamental.

Lo que corresponde es revisar expedientes, contratos, procedimientos de adjudicación, posibles conflictos de interés y la actuación de los órganos de control.

La credibilidad del INE no se recuperará mediante descalificaciones políticas ni con intentos de culpar a quienes estuvieron antes.

Se recuperará con transparencia, investigaciones sustentadas y responsabilidades debidamente acreditadas.

1. D. Culpar al pasado de la corrupción del INE es culparse a sí mismos. Muchos de los que ahora gobiernan también fueron parte de ese pasado.

Es cuánto.

De aquello y lo demás…

La semana anterior y parte de la que corre, Matamoros fue azotado por fuertes lluvias.

Las zonas propensas a inundaciones fueron puestas bajo vigilancia por parte del alcalde José Alberto “Beto” Granados Fávila, quien estuvo al pendiente de los operativos de Vialidad y Protección Civil.

La naturaleza no se equivoca.

El agua tiene memoria.

Y las zonas inundables son las mismas que, durante décadas, han sufrido este problema.

Lo que actualmente se busca con los trabajos de atención y desagüe es que el agua sea desalojada lo más rápido posible, para reducir al mínimo las afectaciones a las familias.

Beto Granados encabezó personalmente los operativos en las colonias y zonas afectadas.

Las lluvias continuarán y el llamado a la población es a colaborar para mantener limpios drenes y canales, de manera que el agua encuentre una salida rápida y se reduzcan los riesgos de nuevas inundaciones.

La semana anterior, el secretario de Obras Públicas del Estado, Pedro Cepeda Anaya, también estuvo en Matamoros, acompañado por el alcalde Beto Granados, para dar inicio a los trabajos de ampliación de la avenida 12 de Marzo.

Se trata de una importante vía de comunicación ubicada en la zona surponiente de la ciudad, donde durante las últimas décadas se ha registrado uno de los mayores crecimientos demográficos en la historia de Matamoros.

La ampliación de esta avenida representa una intervención relevante para mejorar la movilidad y atender las necesidades de una zona que continúa creciendo y demandando infraestructura vial y servicios públicos.