Ciudad Madero, Tamaulipas.- Padres de familia de la Primaria Gaspar García Barrientos acudirán este jueves 12 de noviembre a la primera audiencia judicial por una denuncia de presunto abuso de confianza que involucra más de 100 mil pesos, recursos que estaban destinados a realizar obras de mejoramiento en el plantel y que, hasta el momento, no han sido recuperados.

El expresidente de la Mesa Directiva de la escuela, Armando Rodríguez Monsiváis, explicó que en marzo solicitaron a quien entonces se desempeñaba como tesorera que entregara el dinero que tenía bajo su resguardo.

Sin embargo, señaló que la mujer dejó de acudir al plantel durante varias semanas y posteriormente argumentó que había sido víctima de un robo afuera de su domicilio, precisamente el día en que tenía previsto entregar los recursos.

Ante esta situación, los padres de familia decidieron presentar una denuncia para que las autoridades investigaran lo ocurrido y determinaran qué pasó con el dinero.

Rodríguez Monsiváis indicó que cuentan con documentos firmados por la extesorera, en los que reconocía tener los recursos bajo su responsabilidad, además de la declaración del director de la institución, elementos que esperan sean considerados durante el proceso judicial.

Explicó que el dinero se había reunido para atender necesidades de infraestructura, principalmente la construcción de bancas de concreto y trabajos de mantenimiento en la techumbre de la escuela.

El representante de los padres de familia agregó que el plantel atiende aproximadamente a 140 estudiantes y enfrenta otras necesidades que requieren atención, entre ellas reparaciones en los equipos de aire acondicionado, ventanas y sistema de audio.

Los padres señalaron que la intención principal es recuperar los recursos económicos, debido a que fueron aportados para mejorar las condiciones de la escuela y beneficiar directamente a los alumnos.

La primera audiencia está programada para las 9:00 horas de este jueves en los juzgados ubicados en el Libramiento Poniente, donde esperan conocer los avances del procedimiento y las determinaciones de la autoridad judicial.

El caso llega a esta etapa ocho meses después de que los padres de familia denunciaron la presunta irregularidad.