Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas investiga las circunstancias en que murió Aranza, la niña de siete años que recibió un disparo durante un operativo de seguridad en Matamoros, y analiza si pudo haber sido utilizada como escudo humano, aunque hasta el momento no existen elementos concluyentes que permitan sostener esa hipótesis.

El fiscal general, Jesús Eduardo Govea Orozco, confirmó que se revisa información relacionada con el padre, el abuelo y otros familiares de la menor, incluidos señalamientos sobre posibles antecedentes penales, como parte de las diligencias para reconstruir lo ocurrido.

Precisó que todavía no se encuentra plenamente establecida la actividad del padre de Aranza, quien ha declarado que trabaja como lavacarros.

“Se está haciendo el análisis pertinente porque bien puede ser que efectivamente haya personas que tienen alguna relación con algún hecho delictivo posterior. No está bien establecida la actividad del padre de la menor”, señaló.

El funcionario explicó que las investigaciones buscan determinar qué ocurrió antes, durante y después del operativo, particularmente la actividad del vehículo en el que viajaba la niña y las personas que pudieron haberlo ocupado.

Entre los datos que se revisan se encuentra la versión de que la unidad habría salido de uno de los bloqueos registrados en Matamoros como reacción a la detención de un objetivo prioritario.

Sin embargo, la Fiscalía todavía no ha establecido públicamente que los familiares de Aranza participaran en esos bloqueos o que utilizaran a la menor para protegerse de las autoridades.

Crimen organizado utiliza a menores, advierte fiscal

Govea Orozco reconoció que existen antecedentes de grupos criminales que utilizan a civiles, familias y menores de edad para protegerse durante operativos de seguridad, principalmente en la frontera y la región ribereña de Tamaulipas.

“Grupos de la delincuencia organizada utilizan a personas, familiares, incluso menores para escudarse o simular inconformidades contra las autoridades o contra acciones del gobierno en materia de seguridad”, declaró.

No obstante, aclaró que esa práctica no puede atribuirse automáticamente al caso de Aranza y que cualquier conclusión deberá sustentarse en los resultados de la investigación.

El fiscal insistió en que el esclarecimiento de la muerte de la menor no se limita a identificar el origen del disparo, sino que también requiere establecer cómo comenzó la secuencia de acontecimientos que terminó con su fallecimiento.

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