La prisión preventiva oficiosa ha provocado que se vulneren los derechos humanos en los centros penitenciarios de México, esto por el desbordado hacinamiento de esta medida cautelar del sistema de justicia penal mexicano. 

Además, este tipo de detención obliga a los jueces a ordenar de manera automática se prive de la libertad a una persona acusada de ciertos delitos considerados como graves, sin que el Ministerio Público necesite justificar el riesgo de fuga, pero además esta modalidad no implica que el detenido sea culpable, y en caso de que se le declare inocente pudo haber estado preso hasta dos años injustificadamente. 

En México la población penitenciaria alcanza la cifra de entre 265 mil a 276 mil personas, y lo delicado del caso es que, del total, hay entre 114 mil a 122 mil personas que se encuentran recluidas en espera de un juicio o resolución judicial de culpabilidad o inocencia, dicha cantidad representa entre el 42 al 44 por ciento de la totalidad de reos. 

La sobrepoblación del sistema carcelario mexicano se excede en 35 mil a 45 mil internos, debido a que los penales tienen la capacidad de 230 mil espacios solamente, provocando con ello se vulneren sus derechos humanos por la falta de infraestructura y hacinamiento. 

Yéndonos a Tamaulipas, de acuerdo con diversos medios de información, en la entidad existen cinco Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES), en donde hasta junio pasado se albergaban 4,111 personas, y de ellas 3,840 son hombres y 271 mujeres, y del total, 420 están aun con proceso judicial, esperando que un juez resuelva su situación, cifra considerablemente inferior a la media nacional. 

De acuerdo con el “Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025”, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el sistema penitenciario de Tamaulipas obtuvo una calificación promedio reprobatoria de 5.93. 

De los cinco CEDES, solo dos tuvieron un promedio de aprobación; siendo los mejores el de Nuevo Laredo y el de Altamira con 7.12 y 7.10 de promedio, respectivamente, mientras que los reprobados fueron los CEDES de Ciudad Victoria, Reynosa y Matamoros, con promedios de 5.26, 5.20 y 5.04, respectivamente. 

En el informe de la CNDH se hace hincapié que los problemas persistentes están relacionados con deficiencias médicas, fallas de seguridad, falta de gobernabilidad e indicadores de riesgo, principalmente en las cárceles con menor puntuación. 

Volviendo al punto inicial, según la UNAM, la vulneración de los derechos humanos de las personas en prisión preventiva es una de las problemáticas más críticas de los sistemas penitenciarios de México y en general de América Latina, ya que, al no contar con una condena firme, estas personas deberían estar legalmente protegidas por la presunción de inocencia, pero en la práctica enfrentan graves atropellos institucionales, procesales y de vida al interior de los penales. 

Como conclusión, no me quiero imaginar cuantos presos habría si se aplicara la justicia a los miles y miles de sujetos dedicados a la   terrible delincuencia organizada, a los que cometen delitos del fuero común como el robo o la extorsión y a los políticos y funcionarios corruptos; Sin duda, se necesitaría unas decenas de CEDES más a lo largo y ancho del México actual. 

vientosdelsur@infinitummail.com 

Guillermo Gutiérrez González

Matamorense de nacimiento, adoptado hace 43 años en Tampico, ex director de Noticieros de Televisa del Golfo por 37 años, autor de la columna “Vientos del Sur” con temas políticos y sociales del acontecer del país, pero con enfoque a Tamaulipas y en especial al Sur de la entidad.