Columna Correspondencia; Menos rollo más acciones por José Luis Castillo

 

CORRESPONDENCIA 

Menos rollo más acciones 

Por José Luis Castillo 

 

UNO.- De entrada, la inauguración del Tercer Coloquio Intersedes del Doctorado Interinstitucional en Derechos Humanos, organizado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en coordinación con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), constituye una expresión del compromiso de la educación superior con la construcción de una sociedad más justa, incluyente y respetuosa de la dignidad humana.

 

La participación del rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, adquiere especial relevancia al colocar en el centro de su mensaje una premisa fundamental: los derechos humanos no son una concesión del Estado, sino derechos inherentes a toda persona.  Reflexión que trasciende el discurso institucional y plantea un desafío permanente para las universidades: convertir el conocimiento, la investigación y la formación profesional en herramientas capaces de transformar positivamente la realidad social.

 

En este sentido, destaca la visión de una universidad que no limita su función a la transmisión del conocimiento, sino que asume una responsabilidad activa frente a los grandes problemas de la sociedad. La desigualdad, la injusticia, la discriminación y la vulneración de los derechos fundamentales requieren instituciones educativas comprometidas con la investigación, el pensamiento crítico y la generación de propuestas que contribuyan al bienestar colectivo.

 

La presencia de Luis Armando González Placencia, secretario general ejecutivo de la ANUIES, y la participación de ocho instituciones de educación superior reflejan, además, la importancia de sumar voluntades y capacidades académicas para fortalecer una agenda nacional en materia de derechos humanos. La colaboración interinstitucional demuestra que los grandes desafíos sociales no pueden abordarse desde esfuerzos aislados, sino mediante el intercambio de experiencias, conocimientos y perspectivas multidisciplinarias.

 

Para la UAT, ser sede de este tercer coloquio significa consolidar su presencia en los espacios nacionales de reflexión e investigación, al tiempo que fortalece su vocación humanista y su vinculación con instituciones que comparten la convicción de que la educación debe estar al servicio de la sociedad.

 

El mensaje del rector Dámaso Anaya deja una idea que debe destacarse: la grandeza de una universidad no se mide únicamente por sus indicadores académicos, sus instalaciones o sus reconocimientos, sino por su capacidad para contribuir a mejorar la vida de las personas.

DOS.- La advertencia del presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, sobre la revisión de los 800 millones de pesos solicitados por el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) para el ejercicio fiscal 2027, así como la exigencia de aclarar un contrato de 37 millones de pesos atribuido a la empresa Cajas Graf, pone sobre la mesa un asunto que merece mucha más profundidad sobre todo por la responsabilidad de los diputados de vigilar, con rigor y sin excepciones, el destino de los recursos públicos.

 

Y es que revisar un presupuesto no puede reducirse a cuestionar cifras, expresar dudas ante los medios de comunicación o advertir que determinado organismo podría recibir menos recursos. La verdadera responsabilidad legislativa comienza cuando se solicitan explicaciones, se examinan documentos, se contrastan resultados y se toman decisiones sustentadas en criterios técnicos, financieros y legales.

 

En el caso del IETAM, la solicitud de 800 millones de pesos para 2027 obliga a plantear preguntas indispensables: ¿cómo se integra esa cantidad?, ¿qué actividades y compromisos pretende cubrir?, ¿cuánto corresponde a gasto operativo y cuánto a actividades electorales?, ¿qué recursos se ejercieron anteriormente y cuáles fueron sus resultados?

 

También debe considerarse que el presupuesto de una autoridad electoral no puede analizarse exclusivamente comparándolo con el de un año anterior. Es necesario tomar en cuenta el calendario electoral, las responsabilidades institucionales, los procesos de preparación y los compromisos legales que debe cumplir el organismo. La autonomía electoral debe respetarse, pero no puede convertirse en sinónimo de opacidad ni de ausencia de rendición de cuentas.

 

Por otra parte, el señalamiento relacionado con el contrato de 37 millones de pesos con Cajas Graf merece una revisión documental seria. No se trata de anticipar culpabilidades ni de convertir una contratación en prueba de irregularidades, sino de exigir que el IETAM explique bajo qué procedimiento se realizó, cuáles fueron los criterios para seleccionar al proveedor, qué servicios o bienes se contrataron, si existió competencia entre participantes y si las condiciones económicas fueron favorables para el erario.

 

Si todo se hizo conforme a derecho, la documentación debe demostrarlo. Y si existen inconsistencias, corresponde a las instancias fiscalizadoras determinar las responsabilidades que procedan, así de fácil.

Hay que destacar que: Los legisladores tienen la responsabilidad de revisar los presupuestos, evaluar el ejercicio del gasto, exigir cuentas a los organismos públicos y vigilar que cada peso se utilice para los fines autorizados. La Constitución de Tamaulipas establece principios de legalidad, honestidad, eficiencia, economía, transparencia y rendición de cuentas para quienes administran recursos públicos, no se trata solo de levantar la mano o presentar iniciativas que no sirven para nada y que nunca son ni analizadas, menos aprobadas en pleno. 

 

Por eso, la exigencia de transparencia debe extenderse a todas las dependencias, organismos autónomos, municipios y entidades que reciben dinero de los contribuyentes. No puede haber instituciones intocables, pero tampoco revisiones selectivas motivadas por coyunturas políticas, veremos.

 

 

TRES.- Por cierto la decisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de revisar 25 años de contratos y adquisiciones del sistema electoral mexicano, incluyendo al Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), abre una oportunidad para poner orden en el manejo de los recursos públicos y despejar cualquier duda sobre las prácticas de contratación de las autoridades electorales.

 

No se trata de prejuzgar ni de señalar culpables, pero sí de reconocer que ningún organismo, por autónomo que sea, está por encima de la obligación de transparentar cómo y en qué gasta el dinero de los contribuyentes.

 

En Tamaulipas, esta revisión cobra especial interés ante los recientes cuestionamientos sobre contratos millonarios del IETAM. La autoridad electoral tendrá que ofrecer toda la información necesaria para acreditar que sus adquisiciones se realizaron conforme a la ley y bajo criterios de transparencia, competencia y eficiencia.

 

Lo verdaderamente importante es que la investigación no se quede en anuncios ni en expedientes archivados. Si existen irregularidades, deben identificarse y sancionarse; si las contrataciones fueron legales, también debe quedar demostrado.