Cuando un gobierno necesita recurrir cada vez más al endeudamiento para sostener sus compromisos financieros, es motivo de preocupación. Por eso causa marcada inquietud que México está comprometiendo recursos de las próximas generaciones para financiar las necesidades del presente.

La Ley de Ingresos de la Federación 2027 --aprobada por el Congreso de la Unión--, evidencia una realidad que no puede maquillarse con cifras multimillonarias, pues el país seguirá dependiendo del dinero prestado para completar sus ingresos y atender sus obligaciones presupuestarias.

Los ingresos para el año próximo se contemplan en 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos. Pero se autorizó que el Gobierno Federal contrate hasta un billón 700 mil millones de pesos de endeudamiento interno neto.

De esa cantidad, un billón 479 mil 959.2 millones corresponderán a los ingresos derivados de financiamientos. Lo cual significa que, esos recursos no serán generados por la productividad una economía fortalecida, sino un dinero que deberá devolverse a la usura, con sus respectivos intereses.

Y es ahí donde comienza el verdadero problema.

Cada nuevo empréstito público representa una carga para las finanzas y reduce el margen de maniobra de los siguientes gobiernos, pues, a estos, se les obliga a liquidar pasivos de quienes los antecedieron en el cargo.

No se trata de cuestionar el endeudamiento por sí mismo, ya que igual hay créditos que sí pueden justificarse cuando se destinan a infraestructura productiva y proyectos capaces de generar riqueza.

Pero la preocupación aparece cuando el financiamiento se convierte en una herramienta recurrente para sostener el gasto sin una generación equivalente de recursos.

Al débito se suma Petróleos Mexicanos (Pemex), que todavía depende del gobierno en su aspecto financiero y presiona las cuentas nacionales, al presentar severa crisis pese a suponerse que es un organismo productivo.

La nueva Ley de Ingresos (esta vez) autoriza a Pemex endeudamiento neto por 160 mil 619.5 millones de pesos en el mercado interno, más 5 mil 259.4 millones de dólares en el externo. Y para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) también se establecen límites de financiamiento por 16 mil 742 millones de pesos internos y 725 millones de dólares externos.

Los créditos, por tanto, no terminan con el endeudamiento autorizado al Ejecutivo federal, pues también existen compromisos financieros para las empresas ‘productivas’ del Estado que pueden repercutir en las necesidades de recursos públicos.

Por otra parte, Hacienda estima obtener 6 billones 263 mil 886.8 millones de pesos mediante impuestos. Una meta considerable que obliga a preguntarse si el crecimiento económico será suficiente para sostener semejante recaudación sin incrementar las presiones sobre empresas, trabajadores y consumidores.

No basta con establecer objetivos históricos de ingresos tributarios. Se necesita inversión, producción, empleos bien remunerados y el crecimiento económico. De lo contrario, la recaudación puede convertirse en una carga adicional para quienes sostienen la economía nacional.

El Gobierno proyecta que los Requerimientos Financieros del Sector Público representarán 3.9 por ciento del PIB; y que la deuda pública alcanzará alrededor de 55 por ciento de la economía; mientras Hacienda sostiene que esos niveles son compatibles con una trayectoria sostenible. Sin embargo, son estimaciones sujetas al comportamiento económico, la recaudación y las condiciones financieras internacionales.

Una desviación en los pronósticos, acompañada de menores ingresos y mayores costos de financiamiento, podría obligar a contratar más deuda o recortar recursos destinados a necesidades prioritarias.

Mientras tanto, ¿qué ocurrirá con la salud, la educación, la seguridad, la infraestructura y los servicios públicos?

El costo financiero de la deuda compite por los recursos que también necesita la población. Y cada peso destinado al pago de intereses es un peso que deja de atender otras obligaciones del Estado.

Lo más cuestionable es que México parezca acostumbrarse a resolver sus problemas financieros contratando nuevas obligaciones, como si las deudas fueran una fuente inagotable de recursos y no un compromiso que habrá de liquidarse con el dinero de los contribuyentes.

La Ley de Ingresos 2027, sin embargo, por sí sola no significa que el país esté condenado a una crisis económica, pero sí plantea riesgos que no pueden minimizarse ni esconderse detrás de proyecciones optimistas.

La pregunta no es cuánto dinero puede pedir prestado el Gobierno, sino cuánto puede pagar sin sacrificar el desarrollo nacional y el bienestar de la población.

Y es que endeudarse para producir riqueza puede representar una inversión; pero hacerlo recurrentemente para sostener compromisos sin fortalecer la capacidad productiva, puede ser una pesada herencia.

Nuestro país no necesita gobiernos que presuman billones de pesos mientras multiplican sus obligaciones financieras. Necesita una economía capaz de generar los recursos que requiere sin depender invariablemente del crédito.

Esto significa que un país no se construye hipotecando su futuro. Y cuando quienes gobiernan comprometen recursos que todavía no se han generado, la factura no la pagan los políticos que aprobaron la deuda, sino la pagamos los ciudadanos, nuestros hijos y las generaciones que vienen.

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