UNO.– Una vez más, Tamaulipas se encuentra en el ojo del huracán, y ahora simplemente porque fue la propia Fiscalía General de Justicia de esta entidad, a través de su fiscal, Jesús Govea Orozco, la que confirmó que la bala que dio muerte a la menor siguió una trayectoria de arriba hacia abajo y que se trata de una ojiva de arma utilizada por las Fuerzas Armadas. Mientras tanto, testigos señalaron desde un principio a un helicóptero de la Guardia Estatal.

Otra vez Tamaulipas. Y mire que, a pesar del operativo y las acciones que se realizaron por parte de grupos armados en varias zonas de la entidad, nadie se atrevió a alertar a la población sobre lo que ocurría en el municipio de Matamoros, donde se dejó a los ciudadanos por su propia cuenta y riesgo, desde luego, con las consecuencias ya descritas.

Hasta ahora, en las oficinas de Seguridad Pública nada se ha dicho sobre este suceso que provocó la muerte de la menor Haranza Aidelany, de siete años, durante el operativo del 29 de octubre, en el que las autoridades federales y estatales realizaron la detención de un objetivo prioritario y donde la madre de la niña también resultó herida.

Al contrario, al secretario de Seguridad Pública y a sus escoltas parece molestarles que se trate el tema, en lugar de enfrentarlo. Lo mismo ocurre con las autoridades responsables del operativo que marcó la vida de toda una familia y en el que perdió la vida una menor.

Insisto, oficialmente nada se sabe de los responsables, nada se sabe de la dependencia a la que pertenecen y tampoco se ha explicado la falta de capacidad para proteger a la población durante una intervención de esta naturaleza.

La bala que dio muerte a la menor es de calibre 7.62 y, por supuesto, un impacto de esa naturaleza puede resultar mortal.

Fue un operativo fallido, aun cuando se detuvo a dos personas relacionadas con hechos delictivos, debido a las consecuencias ya mencionadas y, sobre todo, al alto riesgo al que fue expuesta la población.

Porque, insisto, nadie pensó que a esa hora madres y padres de familia acudían a sus actividades diarias con sus hijos, mientras otros se dirigían al trabajo.

¿Acaso no hay capacidad e inteligencia para actuar en otras zonas, en lugar de hacerlo en pleno centro de Matamoros?

La postura de las autoridades no debe quedarse solamente en buenas intenciones de investigar los hechos. Más bien, se debe aplicar la ley hasta sus últimas consecuencias y, sobre todo, poner de patitas en la calle a los responsables de esas áreas de seguridad que poco o nada han dicho al respecto.

Aunque la vocería de esa Fiscalía aclara:

“El Fiscal no confirma el hecho que fue de un helicóptero de la Policía estatal de donde salió el disparo que mató a la niña como lo manejan algunos medios, él dice que la bala fue de arriba hacia abajo, de una ojiva de arma de las fuerzas armadas y que las declaraciones de los familiares coinciden, pero la investigación continua”.

Aunque le diré que esto me suena a algo así como que lo que quiso decir es que no fue la Policía Estatal, pero posiblemente fue el Ejército.

Sin embargo, la bala venía de arriba, los testigos y la familia señalan al helicóptero guindo y, por lo tanto, todo apunta, según esos testimonios, a un disparo proveniente de alguna fuerza de seguridad.

“Juan” te llamas: murió por una bala que, de acuerdo con los indicios mencionados, podría haber sido disparada durante el operativo oficial.

Lamentable este caso, aun cuando se detuvo a dos presuntos delincuentes, pues también se reportaron muertes de ciudadanos ajenos a los hechos, accidentes, una menor fallecida por impacto de bala y personas de la población civil heridas.

Ciudadanos que nada tenían que ver con estos acontecimientos y que sí sufrieron las consecuencias de lo que parece haber sido una mala planeación o estrategia de un mal llamado operativo policial.

Veremos.

DOS.– Y mientras la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirma información sobre la trayectoria de la bala, la Secretaría de Seguridad Pública no dice nada y, según lo denunciado, muestra una actitud hostil hacia quienes preguntan del tema.

Mientras tanto, la familia de la menor fallecida durante este operativo pide justicia y Humberto Prieto Herrera, diputado presidente del Congreso, está pensando si cita o no a comparecer al secretario de Seguridad Pública del Estado, Carlos Arturo Pancardo Escudero.

A su estilo, dijo que se puede llamar a cuentas a cualquier secretario, y todo mundo lo sabe, pero a estas fechas, después de varios días, no se ha hecho.

Tampoco se tiene un informe detallado sobre estos hechos ni se ha dado a conocer un acercamiento institucional con la familia que sufrió la pena de perder a una niña de siete años, mientras la madre lesionada enfrenta las consecuencias de lo ocurrido.

Pero bueno, por lo pronto hay que reconocer que el líder de la fracción parlamentaria en el Congreso de Tamaulipas ya tiene la intención de citar a comparecer al secretario.

Y, sobre todo, que eso sí, “califica la muerte de esta menor como un hecho grave y lamentable”.

TRES.– El que anunció buenas noticias fue el rector Dámaso Anaya Alvarado, luego de dar a conocer, ante estudiantes y académicos de la Facultad de Ingeniería de Tampico, que próximamente se concretará un convenio con Pemex para abrir espacios de contratación directa a egresados de esta institución.

Destacó la aportación técnica de la Universidad en proyectos clave que impulsa la UAT a través del Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Portuaria, Marítima y Costera (CIDIPORT), así como el trabajo del personal docente adscrito al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), enfocado en la formación integral de estudiantes como profesionales de excelencia y seres humanos de bien.

Sin duda, este anuncio hecho por el rector, relacionado con el convenio con Pemex para la contratación de egresados de la UAT, dará muy buenos resultados.

Sobre todo, brindará a los nuevos profesionistas la oportunidad de encontrar un empleo y demostrar su capacidad profesional, además de los conocimientos adquiridos en las aulas.

Al encabezar la conmemoración del 70 aniversario de la Facultad de Ingeniería Tampico (FIT) y la toma de protesta del doctor Roberto Pichardo Ramírez como director de la institución para el periodo 2026-2030, el rector también hizo un llamado a seguir transformando la educación superior, fortalecer la excelencia académica y ampliar la vinculación profesional.

Durante la ceremonia realizada en la cancha de usos múltiples del plantel, el rector Dámaso Anaya ratificó su apoyo a la gestión de la FIT, así como la continuidad en el fortalecimiento de alianzas estratégicas con los sectores industrial y empresarial de la región sur del estado.

La cohesión interna es el motor que impulsa el avance acelerado de la UAT, reflejado en el alcance del 100 por ciento de la matrícula de licenciatura respaldada por acreditadoras internacionales.

También destacó la entrega de más de 25 mil certificaciones gratuitas para alumnos y docentes, el otorgamiento de becas a uno de cada dos estudiantes y un incremento en la matrícula superior al 11 por ciento en los últimos dos años, al pasar de poco más de 40 mil a casi 45 mil estudiantes, dijo en su discurso Dámaso Anaya.

CUATRO.– Ahora sí hay director en el ITAVU que no para ni da tregua. A la fecha, además de acelerar los beneficios de la escrituración, inició la regularización de 87 lotes en la tercera etapa de la colonia Moderna, en Ciudad Victoria.

Germán Fernández Guzmán aceleró los trabajos de regularización de esta y otras zonas del estado, donde se busca dar certeza jurídica sobre sus terrenos a las familias tamaulipecas.

En la colonia Moderna, los trabajos ya comenzaron con el levantamiento de información de los habitantes para integrar un censo que permita conocer la situación de cada uno de los 87 lotes contemplados en esta etapa.

Existen al menos 190 zonas en condiciones similares en Tamaulipas, y es ahí donde se implementará este mismo programa de regularización, sobre todo en aquellos asentamientos donde sea legal y técnicamente viable.

El objetivo es avanzar en la regularización de predios y otorgar seguridad jurídica a las familias sobre sus propiedades.

Desde la fundación de esta y otras colonias, diversas familias comenzaron a establecerse, lo que provocó su crecimiento y expansión.

Por eso, hoy se busca regularizar esos asentamientos, siempre y cuando no se encuentren en áreas protegidas y cumplan con las disposiciones legales correspondientes.