Ciudad Victoria, Tamaulipas. - La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET), María Taide Garza Guerra, estimó que hasta el 30 por ciento de la población penitenciaria de la entidad podría encontrarse privada de la libertad injustamente por presunta falta de pruebas.

La funcionaria informó que actualmente se revisan, en coordinación con el Poder Judicial, alrededor de 80 expedientes de personas recluidas en los centros penitenciarios de la entidad, principalmente adultos mayores, enfermos y personas en condiciones de vulnerabilidad.

Explicó que algunos internos podrían haber cumplido sus condenas o reunir los requisitos para acceder a beneficios contemplados en la legislación penitenciaria.

“Hay casos que ameritan salir porque su tiempo de penalidad ya compurgó o los beneficios que el mismo sistema penitenciario tiene, cuando se revisen los casos, ya están en tiempo de salir”, señaló.

Garza Guerra advirtió que también existen señalamientos sobre personas que permanecen encarceladas sin pruebas suficientes, carecen de representación legal o no han recibido los beneficios que les corresponden conforme a la ley.

Ante esta situación, indicó que el gobernador Américo Villarreal Anaya instruyó una revisión de las condiciones jurídicas de la población penitenciaria en los cinco Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Tamaulipas.

La titular de la CODHET precisó que cada expediente deberá analizarse individualmente para determinar si existen elementos legales que permitan modificar la situación de los internos.

“Destacan adultos mayores y personas con problemas de salud, aunque también se consideran otros factores que pudieran justificar la intervención de las autoridades competentes”, explicó.

La revisión busca identificar posibles irregularidades, condenas cumplidas y casos susceptibles de beneficios legales, sin que ello implique una liberación automática de las personas privadas de la libertad.

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