Las arcas públicas municipales, en el ejercicio 2024, estuvieron convertidas en una ‘caja chica’ de varios alcaldes (en funciones) que, lejos de entender que esos recursos públicos tienen dueño (los ciudadanos), ocasionaron una crisis severa.

Hasta el grado de que existen, a la fecha (y en conjunto), 2 mil 673 millones 232 mil 187 pesos sin haberse comprobado, según admite el diputado local Eliphaleth Gómez Lozano, quien preside la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado en el Congreso local.

El quebranto no es menor, pues aparece en los registros contables. Tampoco se trata de omisiones administrativas que puedan ‘resolverse’ con un trámite de escritorio, pues estamos hablando de una gran cantidad de recursos cuyo destino no han podido justificar ante las instancias fiscalizadoras, aunque el dinero debió traducirse en mejores servicios públicos, calles en condiciones transitables, alumbrado, infraestructura hidráulica, recolección de basura, obras y seguridad pública.

Aún hay cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2024 de 41 municipios que no han sido aprobadas por irregularidades financieras y administrativas detectadas.

Esto lleva a preguntar: ¿dónde quedaron los recursos? ¿Quién autorizó los gastos? ¿Quién recibió los beneficios de los contratos y de las obras que no fueron debidamente acreditadas? Y, sobre todo, ¿qué consecuencias deberán enfrentar quienes tuvieron bajo su responsabilidad la administración de esos recursos?

Una cuenta pública rechazada por el Congreso no es asunto que deba archivarse como un simple desacuerdo entre autoridades. Es una señal de alarma sobre la manera en que se está ejerciendo el presupuesto y una evidencia de que los mecanismos de vigilancia no están consiguiendo garantizar que cada peso tenga un destino comprobable.

Las observaciones, según la información presentada, tienen distintos orígenes, como falta de documentación comprobatoria, obras inconclusas, contratos con deficiencias y fallas en los registros contables del gasto.

Todo un catálogo de irregularidades que exhibe claramente la fragilidad administrativa de numerosos gobiernos municipales. Y, en algunos casos, podría esconder situaciones mucho más delicadas, como el saqueo.

Particularmente preocupante resulta que los señalamientos alcancen a los municipios pequeños y rurales —Abasolo, Antiguo Morelos, Bustamante, Palmillas, Camargo, Cruillas y Gómez Farías, entre otros—, puesto que son demarcaciones donde cada peso del presupuesto debería aprovecharse al máximo, considerando las limitaciones económicas y las necesidades de sus habitantes.

En esos municipios, como en otros, la falta de comprobación del gasto no solamente representa un problema contable. También significa que la población tiene menos elementos para saber si sus impuestos se utilizaron correctamente o si terminaron diluidos entre contratos deficientes, obras inconclusas y decisiones administrativas sin justificación.

Y aquí aparece una responsabilidad que no puede eludirse: la de los alcaldes y sus respectivos equipos financieros, administrativos y de obras públicas, pues gobernar implica administrar, sí, pero también comprobar, transparentar y responder por el uso del dinero público.

No basta con presentar informes, inaugurar obras o presumir inversiones cuando los documentos que respaldan el gasto no aparecen o resultan insuficientes.

El rechazo de las cuentas públicas tampoco debe convertirse en una especie de sanción política sin consecuencias. La Auditoría Superior del Estado tiene la responsabilidad de profundizar en las investigaciones para determinar los montos pendientes de solventar, identificar a los servidores públicos responsables y, cuando existan elementos suficientes, promover los procedimientos administrativos o penales correspondientes.

Sería inadmisible que, después de semejante desfalco documental y financiero, los responsables simplemente abandonaran sus oficinas, cambiaran de administración y se llevaran consigo las explicaciones que nunca ofrecieron.

En medio de ese panorama asoma el municipio de Nuevo Laredo como la excepción, pues mientras 41 ayuntamientos enfrentan cuestionamientos por sus cuentas públicas, la administración neolaredense se distingue por no formar parte de ese grupo de municipios señalados.

La diferencia merece reconocerse, pero también debe servir como referencia.

Y es que la administración de los recursos públicos exige disciplina financiera, controles internos, documentación comprobatoria y una política de transparencia que permita demostrar que el presupuesto se ejerce conforme a la ley.

Sin embargo, el contraste también obliga a exigir que la fiscalización no tenga excepciones, preferencias ni colores partidistas. Si hay irregularidades, deben investigarse hasta sus últimas consecuencias, independientemente de quién gobierne o de las siglas políticas que lo llevaron al poder.

Dos mil 673 millones de pesos sin comprobar no son una cifra para presumir en una tribuna legislativa y después dejar que el tiempo haga su trabajo. Son recursos de los ciudadanos que alguien tuvo la obligación de administrar y justificar.

Sobre todo, porque el dinero público no pertenece a los alcaldes, tampoco a sus tesoreros, directores de obras ni proveedores consentidos. Pertenece a una sociedad que paga impuestos y que tiene derecho a recibir servicios, infraestructura y resultados, no explicaciones a medias.

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