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Jueza prohíbe al ICE detener migrantes por perfil racial en California
California, Estados Unidos.- Una jueza de California prohibió a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza detener e interrogar a personas basándose únicamente en estereotipos raciales o en su aparente condición socioeconómica, mediante una orden judicial que establece límites a los operativos migratorios del Gobierno del presidente Donald Trump, informó la agencia EFE.
La resolución establece que la apariencia latina, combinada con la percepción de que una persona pertenece a la clase trabajadora o tiene bajos ingresos, no constituye por sí sola una justificación legal para detenerla.
La medida contempla excepciones para puertos de entrada, puestos de control y otros puntos fronterizos equivalentes.
La jueza determinó que los agentes federales deben contar con elementos objetivos que permitan establecer una sospecha razonable antes de detener a una persona para interrogarla sobre su situación migratoria.
"El hecho de que una persona identificada sea presuntamente de bajos ingresos o de clase trabajadora y latina, y el hecho de que una persona considerada para su detención sea presuntamente de bajos ingresos o de clase trabajadora y latina, no es suficiente, por sí solo, para generar sospecha razonable", señala el documento judicial.
La orden responde a una demanda presentada el año pasado por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles del Sur de California (ACLU) y otras organizaciones defensoras de derechos humanos.
Los demandantes cuestionaron las prácticas de detención utilizadas durante los operativos migratorios y presentaron pruebas que, según su denuncia, apuntaban a que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alentaba este tipo de intervenciones.
El director de derechos de los migrantes de la Fundación ACLU del Sur de California, Mohammad Tajsar, anunció que supervisarán la aplicación de la resolución.
"Ahora supervisaremos de cerca el cumplimiento de esta orden judicial para asegurarnos de poner fin de una vez por todas a este proyecto de represión migratoria racista", indicó.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional ha rechazado reiteradamente las acusaciones de discriminación racial y sostiene que sus operativos se realizan conforme a la ley y mediante investigaciones sustentadas en hechos.
Flor Melendrez, directora ejecutiva de CLEAN Carwash Worker Center, organización demandante, también se pronunció sobre la decisión.
"La ley exige más que una simple suposición sobre la situación de una persona, y hoy el tribunal obligó al gobierno a cumplirla. Nuestra comunidad luchó por esta protección y exigiremos que el gobierno la cumpla en cada calle y en cada lavadero de autos", expresó.
La decisión judicial se produjo durante el periodo de votación anticipada por correo, a menos de una semana de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre.
En paralelo, otra controversia judicial en California involucra una solicitud del Gobierno de Trump para apartar más de 20 mil votos enviados por correo, con el propósito de verificar la ciudadanía de los electores.
Un juez advirtió que esa medida "causaría estragos" y alteraría un proceso electoral que ya se encuentra en marcha.
Ambas controversias reflejan las disputas judiciales relacionadas con las políticas migratorias y la supervisión electoral de la administración estadounidense.
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