En política, los tiempos son, también, instrumentos de poder. Y cuando una dirigencia partidista decide aplazar sus definiciones internas arguyendo que es para garantizar la unidad antes de definir candidaturas, lo cierto es que así mantendría como rehenes a los aspirantes, para evitar el ‘chapulineo’.

En Movimiento Regeneración Nacional (morena), la definición de las coordinaciones municipales y distritales de defensa de la transformación y la soberanía nacional se ha extendido hasta diciembre del año en curso, de acuerdo con los plazos máximos establecidos en las convocatorias. Pero es una decisión que, lejos de despejar las dudas alimenta sospechas sobre la manera en que se administra la justa interna rumbo a las elecciones de 2027.

La dirigencia nacional argumenta que necesita tiempo para procesar los registros, evaluar perfiles, aplicar encuestas, cumplir con la paridad de género y resolver inconformidades. Son razones que, en principio, pueden resultar válidas dentro de una organización política que ofrece seleccionar a sus representantes mediante procedimientos ordenados.

Sin embargo, el problema no radica únicamente en el calendario, sino en la falta de certeza que genera para quienes aspiran a obtener una coordinación que, en los hechos, es la antesala de una candidatura.

Los registros municipales concluyeron el 18 de octubre y, aun así, los interesados deberán esperar hasta los últimos días de diciembre para conocer el resultado definitivo.

En otras palabras, semanas de incertidumbre durante las cuales los participantes permanecen sujetos a las decisiones de una dirigencia que concentra la facultad de evaluar, filtrar y determinar quiénes continúan en la competencia.

¿Acaso no existía la posibilidad de prever el volumen de solicitudes y organizar con anticipación los mecanismos de evaluación? ¿Por qué un proceso que exige planeación termina trasladando el costo de la demora a los propios aspirantes?

El argumento de evitar el ‘chapulineo’ igual merece revisión crítica. Si lo que se pretende es impedir que los inconformes abandonen morena para buscar acomodo en otros partidos, la estrategia de prolongar los plazos puede terminar produciendo precisamente el efecto contrario: aumentar el descontento, profundizar las divisiones y convertir la permanencia de los aspirantes en una prueba de obediencia política.

Y es que una cosa es establecer reglas claras y otra, muy distinta, mantener a decenas de interesados en una espera prolongada, sin conocer los criterios definitivos de evaluación ni las razones por las que unos perfiles serán favorecidos sobre otros.

El riesgo es que la disciplina partidista se confunda con subordinación; que la unidad se convierta en exigencia unilateral, y que la inconformidad sea interpretada como ‘deslealtad’, aunque existan motivos legítimos para cuestionar la transparencia del procedimiento.

Bajo este escenario, los aspirantes aparecen convertidos en rehenes políticos de sus propias expectativas. Muchos han invertido tiempo, recursos, relaciones y capital político en la búsqueda de una coordinación que consideran el primer paso hacia una candidatura municipal o distrital. Mientras esperan, deben cuidar sus declaraciones, evitar confrontaciones con la dirigencia y medir cada movimiento para no comprometer sus posibilidades.

Así, la incertidumbre se transforma en una herramienta de control, pues quien decide los tiempos también condiciona las conductas y conserva la capacidad de mantener a los contendientes dentro de una competencia cuya resolución depende de instancias superiores.

Eso no significa que la ampliación de plazos responde necesariamente a una maniobra política, sino se trata de cuestionar el por qué, cuando las reglas permiten esperar hasta diciembre, no se ofrecen garantías suficientes para que esa espera sea transparente, verificable y ajena a intereses particulares.

Las encuestas tampoco constituyen, por sí mismas, una garantía de imparcialidad. Para que sean creíbles, los participantes deben conocer la metodología, los criterios de selección de las muestras, los mecanismos de supervisión y las condiciones bajo las cuales se determinará al ganador. De lo contrario, el sondeo corre el riesgo de convertirse en una explicación conveniente para justificar decisiones previamente tomadas.

Lo mismo ocurre con la paridad de género y los filtros políticos, pues son obligaciones y herramientas legítimas, pero no deben utilizarse como argumentos genéricos para prolongar indefinidamente las definiciones ni para ocultar la ausencia de información.

La dirigencia de morena tiene la responsabilidad de demostrar que sus procedimientos son más democráticos que las prácticas que durante años cuestionó a sus adversarios.

Esta ampliación de los plazos hasta diciembre, coloca a morena ante la disyuntiva de demostrar que necesita ese tiempo para realizar una selección rigurosa, o confirmar que la incertidumbre también puede servir para administrar aspiraciones, contener inconformidades y mantener bajo control, a manera de rehenes, a quienes buscan una candidatura en 2027.

Correo: jusam_gg@hotmail.com

Juan Sánchez Mendoza

Ha ejercido el periodismo durante más de tres décadas, alcanzado premios estatales en dos ocasiones; autor del libro "68. Tiempo de hablar"(que refiere pormenores del memorable movimiento estudiantil); autor de ensayos literarios; y reportero de investigación de tiempo completo, acá en territorio nacional y más allá de nuestras fronteras y del continente americano.