Ciudad Victoria, Tamaulipas. - Las personas interesadas en pensionarse mediante la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deben revisar las posibles implicaciones jurídicas de las restricciones al salario de cotización, advirtió la abogada Nancy Sotomayor.

La especialista señaló que, ante las disposiciones difundidas sobre un acuerdo publicado el 21 de octubre de 2026, los asegurados podrían valorar medios de defensa, incluido el juicio de amparo indirecto, si una resolución de la autoridad afecta sus derechos.

Sotomayor explicó que la continuación voluntaria en el régimen obligatorio permite a determinados trabajadores que dejaron de cotizar mediante un empleo formal seguir realizando aportaciones al Instituto, con el propósito de acumular semanas y, si cumplen los requisitos legales, mejorar las condiciones de su futura pensión.

La abogada consideró necesario revisar el alcance de las nuevas disposiciones y determinar si se apegan a la Ley del Seguro Social, particularmente a lo establecido en el artículo 218, relacionado con la continuación voluntaria.

Entre las alternativas que podrían analizarse mencionó el amparo indirecto, siempre que exista un acto de autoridad susceptible de impugnación y que las circunstancias particulares del asegurado justifiquen recurrir a esa vía.

Como posibles casos, señaló una negativa formal del IMSS a permitir la inscripción o continuación voluntaria con el salario de cotización solicitado, así como resoluciones que apliquen restricciones que el interesado considere contrarias a sus derechos.

La especialista indicó que uno de los argumentos jurídicos por estudiar sería la jerarquía normativa, bajo el planteamiento de que una disposición administrativa no puede contravenir una ley federal. También podría examinarse una posible afectación al principio de progresividad de los derechos laborales y de seguridad social.

No obstante, aclaró que la existencia de estos argumentos no significa que las disposiciones sean automáticamente inconstitucionales ni garantiza que un juicio de amparo resulte favorable. La resolución dependerá del análisis de cada caso por parte de los órganos jurisdiccionales.