Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La inscripción de un inmueble mediante una inmatriculación administrativa a solicitud de una persona interesada no es suficiente para reconocerle el carácter de propietaria y permitirle defender ese derecho en un juicio de usucapión, determinó un Pleno Regional del Poder Judicial de la Federación, en un criterio de jurisprudencia publicado en el Semanario Judicial de la Federación.

La tesis, identificada con el registro digital 2032704, establece que quien obtiene la inscripción de un bien inmueble por esta vía carece de legitimación pasiva en una controversia de usucapión, debido a que el procedimiento administrativo no acredita por sí mismo la propiedad del predio.

El criterio, correspondiente a la materia civil, lleva por rubro; “Legitimación pasiva en el juicio de usucapión. Carece de ella la persona titular de una inmatriculación administrativa a solicitud de parte interesada (legislación del Estado de México)”.

La resolución deriva de una contradicción de criterios entre tribunales colegiados del Segundo Circuito, que sostenían posiciones distintas sobre si una persona inscrita mediante este procedimiento podía ser demandada en un juicio destinado a obtener la propiedad de un inmueble por prescripción adquisitiva.

Al resolver la discrepancia, el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determinó que la inscripción administrativa no otorga a su titular la calidad de propietario que exige el artículo 5.140 del Código Civil del Estado de México para intervenir en ese carácter dentro del juicio.

La inscripción no demuestra la propiedad

En la justificación del criterio, los magistrados explicaron que la inmatriculación administrativa tiene como finalidad incorporar un inmueble a la vida registral y darle publicidad, pero no constituye un reconocimiento definitivo del derecho de propiedad.

La tesis señala que este procedimiento permite la inscripción de la posesión de un bien ante la autoridad administrativa, sin que ello implique acreditar un derecho real de propiedad consolidado.

Por ese motivo, el documento registral obtenido mediante esta modalidad no basta para considerar que su titular es la persona contra quien debe dirigirse una demanda de usucapión.

El criterio precisa que la acción debe promoverse contra quien tenga el carácter de propietario, ya sea la persona que aparece como tal en el Registro Público de la Propiedad o, cuando exista una discrepancia, contra quien se determine que es el verdadero dueño del inmueble.

En ese sentido, el documento judicial establece: “La persona titular de una inmatriculación administrativa a solicitud de parte interesada carece de legitimación pasiva en la causa en el juicio de usucapión, porque esa inscripción no le confiere el carácter de propietaria que exige el artículo 5.140 del Código Civil del Estado de México”.

Criterio obligatorio a partir de octubre

La jurisprudencia corresponde a la contradicción de criterios 51/2026, resuelta el 26 de junio de 2026 por el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte.

La resolución contó con los votos de las magistradas Mayra Sandoval Mendoza, Mónica Saloma Palacios y Virginia Pétriz Herrera, con ponencia de la magistrada Mónica Saloma Palacios y secretaría de Dulce Rebeca González Osorio.

De acuerdo con la publicación oficial, la tesis fue difundida el 2 de octubre de 2026 y se considera de aplicación obligatoria a partir del 5 de octubre del mismo año, conforme a las disposiciones del Acuerdo General Plenario 7/2025.

Con este criterio, se delimita el alcance jurídico de la inmatriculación administrativa y se precisa que la inscripción registral de un inmueble por esa vía no sustituye la acreditación del derecho de propiedad cuando se busca resolver una controversia civil por usucapión.