La expulsión de México (como país integrante) de la Unión Internacional de Magistrados (UIM) es consecuencia de la sumisión que el Poder Judicial de la Federación mantiene ante el Gobierno Federal.

Sin embargo, el caso es desestimado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Presidencia de la República, hasta el grado de que eluden abordar el tema que, por cierto, resulta preocupante para quienes le apuestan todavía al Estado de derecho en nuestro país.

La UIM es una organización internacional profesional (y apolítica) que agrupa a asociaciones nacionales de jueces —cuya fundación aconteció en 1953 en Salzburgo (Austria) y mantiene su sede principal en Roma (Italia)—, caracterizándose por no admitir jueces a título individual, sino únicamente a asociaciones que representen a los juzgadores de cada país, reuniendo a más de 90 delegaciones de los cinco continentes.

Y su objetivo central es proteger la independencia judicial, por ser esta un requisito indispensable para impartir justicia y una garantía fundamental para los derechos humanos y las libertades.

Hace cuatro días (19 de octubre), la UIM determinó expulsar a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de México, al considerar que dejó de cumplir las condiciones de independencia y apoliticidad —exigidas a las asociaciones integrantes de la organización internacional—, “debido a su respaldo a la reforma judicial que estableció la elección popular de jueces y magistrados”.

Esta decisión fue votada dos días antes (17 de octubre), en la reunión anual de la UIM, donde participaron 70 delegaciones. Y el resultado fue: 53 votos a favor de la expulsión, 13 en contra y cuatro abstenciones.

En general, los jueces internacionales argumentaron no aceptar el sometimiento del Poder Judicial ante el Ejecutivo, pues esto lo convierte en vasallo del régimen presidencial establecido.

Como sustento de esa expulsión de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), hay argumentos valederos por parte de juzgadores integrantes de la UIM, como también asoman controversias.

1. a) Adriana Orocú Chavarría —presidenta del Grupo Iberoamericano de la UIM y jueza costarricense— argumentó que la expulsión se debió a que la CONATRIB dejó de cumplir las condiciones de independencia y apoliticidad exigidas a sus miembros, porque la reforma judicial implicó una destitución masiva de miles de juzgadores en México, “sin respetar los procedimientos de independencia y división de poderes”.
2. b) Rafael Guerra Álvarez —presidente de la CONATRIB y del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México— dijo que el impacto sobre los jueces de los estados era limitado.

Sin embargo, su informe fue refutado por la UIM con cifras oficiales en torno a la remoción de cientos de jueces y magistrados federales y locales.

1. c) Juana Fuentes Velázquez —presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito— consideró que la notificación y el escrutinio internacional reflejan la grave preocupación por la pérdida de garantías judiciales y el debilitamiento de los principios democráticos en México.

Esto significa que, a nivel internacional, no existe confianza alguna en el sistema judicial de nuestro país, por estar sometido a la presidenta.

Lo peor del caso son los tristes espectáculos que han brindado, hasta la fecha, sus integrantes, tras ser impuestos en el cargo.

Ministra escandalosa

La elección de ministros, ciertamente, fue harto cuestionada, pues llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación personas sin trayectoria ni una preparación jurídica adecuada.

Una de ellas es la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien no deja de pelear con sus homólogos ni de escandalizar por su toma de decisiones a la ligera.

Inclusive, ha dado muestras de su influyentismo para otorgar amparos, como el que promovió para favorecer a su hermano Martí. Pero, además, su “doctorado” ha provocado sorna por haberlo cursado en una universidad “patito”.

Su más reciente diferencia con sus iguales fue haberse opuesto a que la SCJN pretenda un mayor presupuesto en 2027, logrando la unidad, pero en su contra.

También ha protagonizado bataholas por negarse a votar acuerdos del pleno sustentados en la impartición de justicia.

Lo peor del caso es que, visiblemente molesta, la ministra ha acusado a sus colegas de atacarla por razones políticas y, bajo ese argumento, en no pocas ocasiones ha retirado sus proyectos.

¿Cómo la ve?

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