La crisis del Instituto Mexicano del Seguro Social que está en curso parece ser una reedición del grave panorama que se presentó en 1995, año en que se propuso una reforma al sistema de pensiones de los trabajadores aportantes y año en que, también se planteó modificar el esquema de atención médica, lo cual se frustró por el rechazo sindical y de algunos grupos de interés político/partidarios -que incluso hoy son gobierno.

En aquel entonces, bajo la administración de Genaro Borrego Estrada y el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, se dio a conocer un amplio diagnóstico en el que se revelaron muchos de los problemas que aquejan, incluso hoy, a la institución de seguridad social, al punto de deslizar que el IMSS estaba en riesgo de una quiebra.

La problemática era la misma que hoy y, casualmente, en un entorno de revisión salarial y contractual, ésta última en la que se planteaba la revisión de cláusulas que el sindicato consideró lesivas.

Si bien el modelo de pensiones pasó y quedó en dos grandes vertientes: la de los beneficiarios de antes de 1997 y los que en adelante se pensionarían bajo el esquema de las Afores.

Mucho se debatió acerca de que el sistema de pensiones estaba siendo privatizado al dejar que las instituciones bancarias, a través de administradoras especializadas, manejarían los fondos de los trabajadores, para garantizar su sostenibilidad financiera al ser usados para inversiones en los mercados, de tal manera que se garantizaran rendimientos, por poco que fueran.

En muchos casos, los trabajadores han tenido que apechugar con las pérdidas en las inversiones. Pero no existe el riesgo de que desaparezcan, a menos de un daño sistémico grave en el sistema financiero.

De haber continuado con el esquema que existía, en el que el IMSS tuviera que pagar las pensiones de los trabajadores aportantes, seguro hoy estaríamos en una dificultad seria de cubrir las mensualidades de los jubilados. Las reservas de pensiones se estaban acabando por infinidad de causas, que incluyen desvíos en campañas.

Lo que no avanzó en aquel 1997 fue el modelo de atención médica que implicaba eliminar cargas salariales, redundancias, burocracia, ineficiencias, falta de disponibilidad de medicamentos.

Se habló, entonces, del médico de familia, un esquema similar al canadiense o chileno, donde el usuario escogía el doctor a quien más confiaba y los honorarios del galeno eran cubiertos por el IMSS.

Igualito que como se subrogó en los inicios del Seguro Social.

Pero eso implicaba para el sindicato que se dejaran de crear nuevas plazas, de que se redujeran prestaciones, de que hubiera modificaciones al contrato y que las inversiones del Seguro Social fueran enfocadas a donde más se necesitaba: equipamiento, infraestructura y abasto -sobre todo de medicamentos que siempre ha sido un talón de Aquilés.

Se acusó, entonces, -hasta por la CTM- que había un intento por privatizar los servicios del Seguro Social.

Y entre quienes se opusieron están muchos de los que hoy son gobierno y están pagando un daño estructural que ha venido creciendo en el IMSS, por décadas.

La referencia y contrareferencia sigue siendo un problema, al igual que la atención médica en el primer nivel.

Los consultorios privados en México —especialmente los adyacentes a farmacias— lideran la atención de primer nivel, acaparando entre el 57% y 68% de las consultas generales del país debido a su bajo costo (alrededor de 40 pesos), inmediatez y amplia cobertura geográfica.

Eso significa que alrededor de 6 de cada 10 consultas médicas generales en México ocurren en el sector privado y no en instituciones públicas como el IMSS o ISSSTE.

Ese es, ni más ni menos, el esquema que se planteaba en 1997. Y, aun así, ni en el IMSS ni el ISSSTE han podido salir de su problemática.

Ahora se plantea echar mano de las pensiones de los trabajadores aportantes. Se habla de un cambio en la modalidad 40.

Lo que estamos viendo es, sin duda, los rasgos de una crisis que pudiera estar siendo inducida para avanzar hacia el planteamiento de una serie de reformas del IMSS que saque a la institución de una severa problemática financiera, sistémica/estructural.

La movilidad social que hoy vemos de trabajadores del IMSS es legítima. La exigencia de quitar al líder sindical huele un poco a intento de mover escollos para un replanteamiento del Contrato Colectivo de Trabajo que, dicho sea de paso, es tan pesado como en aquel 1997.

El IMSS parece que está en un trance que, de no ser sometido a cirugía fina, puede llevar a daños más graves en lo mediato.

Luis Alberto Rodríguez Juárez

Desarrolló una amplia carrera en medios periodísticos por 18 años; en oficinas de comunicación social de gobierno durante 12 años y ha proporcionado consultoría externa –desde hace más de 20 años- a agencias de comunicación y relaciones públicas así como a empresas de diversos sectores.

Ha colaborado en el diseño de estrategias, elaboración de materiales y está especializado en gestión de la comunicación en situaciones de crisis, análisis de tendencias en medios de comunicación tradicionales y digitales, así como capacitación para fortalecimiento de habilidades de comunicación y vocerías.