Ciudad de México.- Las empresas en México podrían quedar obligadas a publicar los rangos salariales en todas sus ofertas de empleo y transparentar los criterios utilizados para calcular los sueldos, luego de que la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado aprobara un dictamen para reformar la Ley Federal del Trabajo y combatir las diferencias salariales injustificadas.

El proyecto, avalado con ocho votos a favor, ninguno en contra y cero abstenciones, busca reducir la discriminación laboral y la brecha salarial que afecta principalmente a las mujeres.

La comisión, presidida por la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, estableció que los empleadores deberán indicar cuánto ofrecen pagar por cada vacante, independientemente de que la convocatoria se publique de manera interna o externa.

Proponen impedir pagos desiguales por el mismo trabajo

Otro de los cambios plantea prohibir que una persona reciba un salario inferior al de otro trabajador de la misma empresa cuando desempeñe el mismo cargo o funciones de igual valor, bajo condiciones equivalentes de jornada y eficiencia, sin una justificación objetiva, razonable y proporcional.

La reforma también establece que los contratos colectivos deberán incluir tabuladores salariales por categoría laboral.

Asimismo, los documentos que regulan las condiciones de trabajo tendrán que precisar cómo se calculan los sueldos y qué criterios utiliza cada empresa para determinar las remuneraciones.

Las cláusulas que establezcan diferencias salariales injustificadas carecerían de efectos legales.

Buscan cerrar espacios a la discriminación

De acuerdo con el dictamen, la falta de información sobre los salarios coloca a quienes buscan empleo en desventaja durante las negociaciones.

Los legisladores señalaron que esta situación afecta especialmente a las mujeres, quienes enfrentan mayores obstáculos para negociar sus remuneraciones y pueden recibir ofertas iniciales inferiores a las de hombres con perfiles similares.

La comisión consideró que publicar rangos salariales, criterios de contratación y mecanismos de evaluación permitiría identificar posibles prácticas discriminatorias.

Reforma todavía no entra en vigor

Aunque el dictamen fue aprobado por unanimidad en la comisión, las nuevas obligaciones aún no son ley.

La propuesta deberá continuar su trámite legislativo antes de que las empresas estén obligadas a aplicar estas disposiciones.