La detención del ex fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, en medio de la controversia por la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en un operativo antidrogas, abre un nuevo frente de confrontación política entre los gobiernos federal y estatal. Y aunque las autoridades sostienen que existen elementos para investigarlo, las circunstancias del caso obligan a preguntar si la aplicación de la justicia está caminando al mismo ritmo que los intereses políticos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha respaldado la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR); y calificó de irresponsable el operativo en el que participaron agentes estadounidenses sin la autorización federal correspondiente. Sin embargo, una cosa es investigar posibles delitos que comprometan la soberanía nacional y otra muy distinta es permitir que el proceso sea interpretado como una herramienta de presión política.

El caso tiene implicaciones que van más allá de la responsabilidad individual del ex fiscal. La muerte de dos agentes estadounidenses y dos funcionarios mexicanos en un accidente ocurrido después de un operativo en la Sierra Tarahumara, puso al descubierto presuntas irregularidades en la colaboración con autoridades extranjeras, así como inconsistencias en la información difundida inicialmente sobre la presencia y participación de los agentes de la CIA.

La FGR acusa a Jáuregui de presuntos delitos relacionados con la intervención no autorizada de extranjeros en tareas reservadas a las instituciones mexicanas. Por su parte, la Fiscalía estatal también inició acciones por posibles irregularidades en el ejercicio del servicio público.

Son señalamientos graves que deben esclarecerse mediante investigaciones y procedimientos judiciales, no a través de declaraciones políticas ni condenas anticipadas.

Pero el contexto resulta inevitable. Jáuregui fue un colaborador cercano de la gobernadora panista María Eugenia Campos Galván, más conocida como Maru Campos, y su detención ocurre en medio de diferencias políticas entre ambos, particularmente por las aspiraciones electorales rumbo a 2027. El ex fiscal había manifestado interés en competir por la alcaldía de Chihuahua.

En ese escenario, la pregunta es obligada es si ¿la detención responde exclusivamente a las investigaciones judiciales o también tendrá consecuencias en la disputa por el poder estatal?

Afirmar que la jefa del Ejecutivo federal presionó para que se ejecutara la detención exige pruebas que, hasta ahora, no pueden darse por acreditadas únicamente por la coincidencia entre sus declaraciones y las acciones de las fiscalías. No obstante, el respaldo presidencial a la investigación coloca al Gobierno federal en el centro de la controversia y alimenta el debate sobre la posible utilización política del caso.

Para Maru Campos, el episodio representa un desafío adicional. La mandataria tendrá que explicar qué sabía su administración sobre el operativo, cuáles fueron los mecanismos de supervisión y por qué la presencia de agentes extranjeros terminó convirtiéndose en una crisis de seguridad, soberanía y credibilidad institucional.

La responsabilidad política no equivale automáticamente a responsabilidad penal, pero tampoco puede eludirse cuando existen dudas sobre la actuación de funcionarios de alto nivel.

De cara a las elecciones de 2027, Movimiento Regeneración Nacional (morena) encontrará en este escándalo un tema de confrontación con el PAN en uno de sus principales bastiones políticos. La controversia puede convertirse en argumento electoral para cuestionar al gobierno de Chihuahua, aunque el aprovechamiento partidista de las acusaciones no sustituye la obligación de demostrar los hechos.

Al mismo tiempo, el Gobierno federal deberá evitar que sus intervenciones públicas generen la percepción de que las investigaciones judiciales responden a instrucciones políticas. Si se pretende defender la soberanía nacional, también debe garantizarse que las instituciones actúen con autonomía, transparencia y apego a la ley.

La detención de César Jáuregui coloca a Maru Campos bajo presión política y abre una oportunidad de confrontación para morena, pero todavía no determina el desenlace electoral de 2027. El costo para cada actor dependerá de las pruebas que se presenten, de las explicaciones que ofrezcan las autoridades y de la credibilidad con que conduzcan sus respectivas actuaciones.

En una democracia, la justicia no debe convertirse en instrumento de revancha ni la cercanía con el poder en garantía de impunidad.

Si hubo violaciones a la soberanía nacional, deben castigarse conforme a derecho. Si hubo encubrimientos, también deben investigarse. Y si alguien pretende utilizar el caso para inclinar la balanza política, deberá responder ante la exigencia ciudadana de instituciones imparciales.

Porque el verdadero problema no es quién obtiene ventajas partidistas en la víspera electoral, sino si los mexicanos pueden confiar en que la justicia se aplica por los hechos y no por conveniencia política.

Correo: jusam_gg@hotmail.com

Juan Sánchez Mendoza

Ha ejercido el periodismo durante más de tres décadas, alcanzado premios estatales en dos ocasiones; autor del libro "68. Tiempo de hablar"(que refiere pormenores del memorable movimiento estudiantil); autor de ensayos literarios; y reportero de investigación de tiempo completo, acá en territorio nacional y más allá de nuestras fronteras y del continente americano.