La naturaleza no espera a los tiempos políticos.

Tampoco a los cálculos, los arreglos o las presiones sociales, sobre todo si estas tienen otras motivaciones.

Sencillamente, la naturaleza reclama.

Y cuando la naturaleza tiene que ver con su aprovechamiento, para lograr equilibrio entre su preservación y la adecuada utilización de sus recursos, la política debe supeditarse a ello.

Pero no, la política y las presiones sociales -muchas veces usadas políticamente, terminan por perjudicar todo.

El comentario viene al caso por lo que ocurre en el área metropolitana de Guadalajara, porque hace 15 años tuve oportunidad de participar en la comunicación de la problemática alrededor de una discusión y debate sobre la presa El Zapotillo, en la zona de Los Altos de Jalisco.

Esa obra implicaba elevar la cortina de 80 a 105 metros para garantizar suficiente agua, pero no sólo para la zona conurbada de Guadalajara, sino para León, Guanajuato. 

Pero no sólo significaba trabajar sobre la presa El Zapotillo, sino articularla con un sistema integral hídrico que alimentara el Río Verde, afluente importante de la cuenca Lerma-Santiago que termina por desembocar en el Lago de Chapala, el principal abastecedor (casi 70 por ciento) del agua para Guadalajara.

Doble vía de abasto para la capital de Jalisco, ese era el propósito.

Llevar el agua a León no sólo permitiría dar agua a esa ciudad guanajuatense, sino que las descargas usadas en la zona industrial -ya tratada- sería dirigida hacia el Río Verde, con lo cual se crearía creando un ciclo virtuoso teniendo como eje el sentido de cuenca, es decir, aprovechar a la naturaleza.

Pero el tema se politizó: sectores de alta influencia de Jalisco se opusieron, al sostener que el agua era propiedad de su estado y no tenía por qué llevarse a Guanajuato; los de este estado ejercieron presiones, y comprometieron 100 millones de pesos para crear la infraestructura de administración y conducción del agua si la cortina de la presa fuera de 105 metros.

Y un pero más: creció un movimiento opositor en el poblado Tenampulco, donde está la presa, porque aumentar el nivel de la cortina provocaría la inundación de esa población deshabitada en su mayoría porque los propietarios o familiares migraron a Estados Unidos. Hubo negociaciones, relocalización de pobladores e incluso el traslado, piedra por piedra, de la iglesia.

Pero la oposición siguió. Y al final, el fallecido gobernador Aristóteles Sandoval lanzó un rotundo rechazo a que se elevara la cortina. 

La inversión de Guanajuato no se hizo ante la decisión de no elevar la cortina. 

El proyecto del Río Verde, que implicaba construir represas y otras obras, fue sufriendo modificaciones y disminución de presupuestos.

La obra de la Presa El Zapotillo quedó paralizada varios años. Al final fue retomada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero sobre la base de una cortina de 80 metros.

Lo ocurrido en la presa no es el único elemento que explica la grave crisis del agua en Guadalajara. Se dejó de invertir en mantenimiento o nuevas obras hídricas por erróneas decisiones técnicas, falta de presupuestos o insuficiente captación de recursos por el cobro del servicio.

Las previsiones eran claras hace 15 años: el área metropolitana estaba creciendo a pasos acelerados en términos de población y demanda por usos residenciales e industriales.

El agua puerca que llega a la gente hoy es consecuencia de una serie de acciones y decisiones del pasado.

La expresión de “cuando veas las barbas del vecino mojar, pon las tuyas a remojar” aplica como nunca en Tamaulipas. La zona conurbada Tampico/Madero/Altamira ya vivió una grave situación; Ciudad Victoria opera sólo con una planta de tratamiento y deficiencias serias de operación y envejecimiento de infraestructura que explican en parte la mala calidad del agua y los tandeos. La frontera carece de fuentes suficientes de agua.

Las decisiones basadas en cálculos de impacto político o acomodo de intereses siempre tienen costos. Basta ver lo que hoy pasa en Guadalajara.