Hay decisiones económicas que se aprueban en cuestión de minutos, pero las consecuencias terminan pagándose durante años. Y eso parece ocurrir con la Ley de Ingresos 2027, cuya aprobación en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados abrió la puerta a nuevo endeudamiento público por cantidades que obligan, cuando menos, a cuestionar la responsabilidad con que se manejan las finanzas nacionales.

En apenas dos horas y sin modificaciones, 26 legisladores de morena, PVEM y el PT aprobaron el dictamen, frente a 11 votos en contra del PAN, PRI y MC.

La rapidez de ese procedimiento legislativo, contrasta con la magnitud de los compromisos financieros que se pretende autorizar, aunque vaya de por medio la contratación de más deuda pública como solución.

Dicha propuesta contempla un techo de endeudamiento interno de 1.7 billones de pesos y otro externo de 13 mil 500 millones de dólares --para el gobierno federal--, y a ello se suman las autorizaciones para que Petróleos Mexicanos (Pemex) contrate también una deuda interna por hasta 160 mil 619.5 millones de pesos y externa por 5 mil 259.4 millones de pesos.

No se trata de cantidades menores, ciertamente. Ni de compromisos que puedan despacharse como un simple trámite legislativo, pues estamos hablando de recursos que, tarde o temprano, deberán cubrirse con los ingresos públicos, comprometiendo la capacidad financiera del Estado.

Aquí surge una pregunta inevitable: ¿por qué los ingresos estimados no alcanzan para cubrir el gasto federal y la respuesta consiste, una vez más, en recurrir al endeudamiento?

La recaudación proyectada considera 3 billones 288 mil 975.3 millones de pesos por concepto del Impuesto sobre la Renta (ISR); un billón 768 mil 17.3 millones por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y 828 mil 256 millones mediante el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), tal como lo advertí en colaboración anterior.

Son cifras que reflejan el peso de los contribuyentes para sostener el aparato gubernamental, pero también exhiben la necesidad de explicar con claridad por qué semejantes ingresos resultan insuficientes.

Es que una cosa es contratar deuda para financiar a la infraestructura productiva, fortalecer servicios públicos o desarrollar proyectos estratégicos que generen beneficios duraderos, y otra, muy distinta, es utilizar el crédito para cubrir necesidades de gasto sin demostrar con precisión qué resultados obtendrá la población a cambio.

Esa es precisamente una de las principales objeciones formuladas por la oposición, cuyos integrantes advirtieron que el endeudamiento histórico podría destinarse a gastos del gobierno y no necesariamente a proyectos de infraestructura. El señalamiento merece una respuesta sustentada en cifras, programas y compromisos verificables, no solamente en discursos partidistas.

En contraste con las críticas al endeudamiento, morena destacó las medidas propuestas para combatir el huachicol fiscal, que representa un problema para la recaudación y la legalidad del mercado de combustibles.

Sin embargo, el combate a la evasión fiscal no puede quedarse en el terreno de los anuncios. Los legisladores de oposición cuestionaron que los titulares del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría Fiscal no acudieran ante la Cámara de Diputados para informar sobre los resultados obtenidos y las acciones emprendidas contra quienes presuntamente participan en estas operaciones.

La exigencia es elemental: si el gobierno asegura que combate el fraude fiscal, debe presentar resultados, explicar los mecanismos utilizados y transparentar las responsabilidades que se hayan acreditado.

No basta con presumir nuevas medidas de vigilancia mientras persisten interrogantes sobre los montos recuperados, las investigaciones abiertas y las sanciones impuestas. Mucho menos cuando, al mismo tiempo, se solicita autorización para contratar deuda por cantidades extraordinarias.

La rendición de cuentas no debe ser opcional ni depender de la conveniencia política de los funcionarios. Los recursos públicos pertenecen a la sociedad y es a ella a quien deben explicarse tanto los ingresos como los gastos y los compromisos financieros.

Como fuere, dicho dictamen fue turnado al pleno para su discusión y votación. Y en el debate, todos los legisladores tienen la responsabilidad de revisar no solamente las cifras, sino también las razones que sustentan la necesidad de contratar nuevos pasivos.

Aprobar un techo de endeudamiento no significa que todo el monto autorizado vaya a utilizarse automáticamente; sin embargo, sí concede al gobierno un margen considerable para recurrir al crédito. Por eso, la discusión debe centrarse en su justificación, destino, costo y repercusiones sobre las finanzas públicas.

Este día es crucial para modificar la Ley de Ingresos 2027, aunque de entrada podría ser aprobada con la mayoría legislativa, sin explicar cómo se utilizará el dinero público y por qué resulta necesario comprometer más recursos de las siguientes generaciones.

Pedir prestado, ciertamente, puede resolver una necesidad inmediata, pero no sustituye una política fiscal responsable. El dinero se gasta hoy; la deuda permanece mañana, y la factura termina pagándola el país.

Correo: jusam_gg@hotmail.com