Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La Secretaría de Administración de Tamaulipas inició la revisión de 126 pensiones otorgadas mediante decreto por anteriores gobiernos estatales, con el propósito de determinar cuáles deben mantenerse, modificarse o revocarse, mientras que ocho pagos ya fueron retenidos debido a que sus beneficiarios incumplieron con el pase de supervivencia obligatorio durante octubre.

La titular de la dependencia, Luisa Eugenia Manautou Galván, informó que el gobierno estatal destina mensualmente alrededor de dos millones 131 mil 591 pesos al pago de estas pensiones, cuyos expedientes serán analizados individualmente.

Explicó que el Congreso de Tamaulipas otorgó nuevas facultades a la Secretaría de Administración para verificar la vigencia y justificación de los beneficios concedidos mediante decreto, particularmente aquellos que hayan cumplido total o parcialmente con su finalidad.

“La revisión a cada expediente la hará la Secretaría de Administración, luego de que el Congreso local le concediera facultades para verificar las pensiones otorgadas mediante decreto y, en su caso, modificar o revocar aquellas que ya cumplieron total o parcialmente el fin para el que fueron concedidas”, señaló.

Manautou Galván precisó que al menos ocho pensiones permanecen retenidas porque sus beneficiarios omitieron presentarse al pase de supervivencia durante los primeros días de octubre.

Detalló que durante la administración del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca se concedieron 38 pensiones por decreto, de las cuales 15 correspondieron a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General de Justicia que fallecieron en cumplimiento de su deber.

La funcionaria indicó que la revisión continuará durante octubre para establecer cuáles expedientes cumplen con los requisitos que justificaron originalmente el otorgamiento de los apoyos.

Finalmente, aseguró que durante los cuatro años de la actual administración estatal no se ha concedido ninguna pensión mediante decreto.

La dependencia deberá determinar, con base en cada expediente, cuáles beneficios conservan su vigencia y cuáles podrían enfrentar modificaciones o una eventual revocación.