En la víspera, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) publicó la convocatoria del proceso para elegir coordinadores municipales de defensa de la transformación y la soberanía nacional, aunque (en el fondo) se trata de las candidaturas a más de dos mil alcaldías.

Aquí lo concerniente es preguntar si el membrete guinda repetiría las fallas que tuvo durante la selección de sus coordinadores estatales en 17 entidades, motivando la sospecha de que se trató de una farsa montada entre los gobernadores, jerarcas partidistas y tribus para repartirse esas posiciones.

Esto, porque las mentadas encuestas levantadas no se exhibieron en tiempo y forma.

Sobre este proceso, se estima que habría cerca de 20 mil aspirantes a registrarse entre hoy y el próximo día 18, cuando se cierra el plazo.

Otro aspecto a contemplar es el proselitismo que harían todos y cada uno de los aspirantes, burlándose de la ley electoral que prohíbe actos anticipados de campaña.

El alboroto se da en todo el país. Y en el caso de Tamaulipas, lo observamos más de cerca porque aquí vivimos. Y nos damos cuenta de que hay municipios con más de una docena de aspirantes a la candidatura local por parte de Morena. Y en los que menos pretendientes aparecen, suman más de seis por demarcación.

De ahí que se espere fuerte golpeteo a través de las redes sociales, que es el ‘fuego amigo’ promovido por los mismos aspirantes, aunque a trasmano.

¿Será capaz la dirigente estatal de Morena de meter orden? ¿O dejará hacer y pasar?

La maquinaria electoral está en movimiento y, con ella, las ambiciones de quienes aspiran a gobernar sus municipios. Sin embargo, más allá del entusiasmo de los pretendientes, hay otras preguntas que también merecen respuesta: ¿será un proceso abierto, transparente y democrático, o volverán a imponerse los acuerdos cupulares y las negociaciones entre los grupos de interés?

La interrogante no es gratuita.

Como sea, hay que analizar la convocatoria y las reglas de este juego.

Y es que, desde la publicación del documento, algunos aspirantes que ocupan cargos administrativos en los tres niveles de gobierno empezaron a solicitar licencia, mientras que diputados federales, legisladores locales y presidentes municipales en funciones podrán, de acuerdo con las reglas, mantenerse en sus puestos durante el proceso.

Aquí aparece una cuestión que no debe pasar inadvertida: la equidad entre quienes participan, porque no es lo mismo competir desde fuera de una estructura gubernamental que hacerlo desde una posición pública, con presencia institucional, exposición permanente y relaciones políticas construidas desde el ejercicio del cargo.

Aunque permanecer en funciones no representa, por sí mismo, una infracción, sí obliga a establecer límites claros para evitar que los recursos públicos, la investidura o las responsabilidades oficiales se conviertan en ventajas dentro de una contienda partidista.

La separación entre el ejercicio del gobierno y la promoción de aspiraciones personales debe ser verificable, no solamente declarativa. De lo contrario, la convocatoria corre el riesgo de convertirse en una competencia donde las condiciones de salida no sean iguales para todos.

Pero ese no es el único asunto pendiente. También lo es éste:

Cuando un partido presume que sus candidaturas se definirán mediante ejercicios demoscópicos, lo menos que puede exigírsele es que explique quién levantará las encuestas, cuándo se realizarán, qué metodología utilizarán y cuál será el universo a consultarse.

Sobre todo, ahora que la disputa llega a los municipios, hay oportunidad de corregir las deficiencias del proceso anterior.

Si Morena insiste en mantener bajo reserva los procedimientos, los criterios de selección y los resultados que justifican sus determinaciones, alimentará las mismas dudas que acompañaron la etapa estatal.

Y eso tiene consecuencias.

Como sea, en Tamaulipas se percibe fiebre partidista.

Pero el fenómeno no sorprende, pues cuando un partido concentra posibilidades de participación electoral, se convierte también en un espacio de disputa entre políticos con trayectorias, intereses y proyectos diferentes.

Lo que debe preocupar es la manera en que se procesarán esas diferencias, porque una cosa es competir y otra muy distinta convertir la contienda en una guerra de descalificaciones, como se ha hecho en las últimas contiendas.

Las redes sociales serán, previsiblemente, uno de los principales escenarios de esa confrontación. Ahí pueden aparecer señalamientos sobre trayectorias, decisiones administrativas, compromisos incumplidos y antecedentes de los aspirantes. Algunos podrían estar sustentados en documentos y hechos verificables; otros, en cambio, podrían formar parte de campañas de desprestigio promovidas por adversarios internos que prefieren ocultar la mano mientras multiplican los ataques.

Ese es el llamado fuego amigo: la confrontación entre quienes comparten las mismas siglas, pero se disputan una posición que consideran indispensable para sus proyectos personales.

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