Ciudad de México.- La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) rechazó que durante 2024 se hayan entregado apoyos a personas sin una Clave Única de Registro de Población (CURP) registrada, luego de que se difundieran señalamientos sobre presuntas irregularidades por 592 millones de pesos en la distribución de becas. La dependencia aclaró que las observaciones forman parte de una auditoría de desempeño que continúa en proceso y cuyos resultados todavía están sujetos a revisión y aclaraciones administrativas.

La postura fue emitida después de que el diario Excélsior publicara este jueves información bajo el título “Detectan fraude por 592 millones en entrega de becas”, retomada posteriormente por otros medios de comunicación.

Según la CNBB, la revisión fue realizada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno al Banco del Bienestar, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la propia Coordinación.

La institución explicó que las dependencias involucradas continúan proporcionando documentación y realizando las aclaraciones necesarias para atender las observaciones detectadas.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la identidad de las personas que recibieron los apoyos económicos.

Al respecto, la CNBB sostuvo que durante 2024 verificó ante el Registro Nacional de Población (RENAPO) la identidad de los beneficiarios antes de cada dispersión de recursos.

Por esa razón, aseguró que no se realizaron pagos a personas que carecieran de una CURP registrada.

Otro señalamiento corresponde a la presunta entrega de becas a estudiantes de instituciones educativas particulares.

La dependencia precisó que los criterios vigentes durante 2024 permitían otorgar la Beca de Educación Básica a familias con al menos un estudiante inscrito en una escuela pública.

Esto significa que una familia podía recibir el apoyo aunque otro de sus hijos estudiara en una institución privada, siempre que cumpliera con los requisitos establecidos.

La Coordinación Nacional de Becas informó que actualmente realiza verificaciones presenciales de las familias y estudiantes beneficiarios para comprobar el cumplimiento de las condiciones de elegibilidad.

Aunque defendió sus procedimientos de validación, la institución reconoció que la auditoría continúa abierta y que todavía deben solventarse las observaciones correspondientes.

Por lo tanto, el monto de 592 millones de pesos señalado en la publicación no puede considerarse, con la información disponible, como un fraude definitivamente acreditado.