Ciudad Victoria, Tamaulipas. - El diputado local Marco Antonio Gallegos Galván presentó una iniciativa para eliminar el requisito de certificación de competencias que deben cumplir las personas con discapacidad para acceder a puestos de trabajo en las administraciones públicas estatal y municipal.

La propuesta plantea reformar el artículo 35 de la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad y el artículo 205 Bis del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas.

El legislador, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura, señaló que la medida busca armonizar la legislación estatal con lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que invalidó la exigencia de dicha certificación al considerarla una carga adicional para este sector.

La iniciativa sostiene que el requisito representa una condición que no se aplica al resto de los aspirantes a ocupar un empleo público. Por ello, propone eliminarlo para garantizar que las personas con discapacidad puedan participar en procesos de contratación en igualdad de condiciones.

El documento también establece que las administraciones públicas deben mantener la obligación de destinar al menos tres por ciento de su base laboral a personas con discapacidad. La disposición contempla a las dependencias estatales, los poderes Legislativo y Judicial, así como a los 43 Ayuntamientos.

Gallegos Galván citó la resolución del Pleno de la SCJN en la Acción de Inconstitucionalidad 104/2022, mediante la cual fueron invalidadas porciones de la legislación estatal relacionadas con la certificación. De acuerdo con la iniciativa, el máximo tribunal determinó que imponer esa condición exclusivamente a personas con discapacidad constituía una medida contraria al derecho a la igualdad.

El proyecto también incorpora el principio de “nada sobre nosotros sin nosotros” y señala que el Congreso estatal debe considerar la participación de las personas con discapacidad y de las organizaciones que las representan en el proceso legislativo.

La propuesta recuerda que la Suprema Corte estableció un plazo de 12 meses para que el Poder Legislativo de Tamaulipas repusiera el procedimiento correspondiente mediante una consulta previa, estrecha y activa con ese sector.

Con la reforma planteada, el Congreso busca eliminar la certificación adicional y conservar el porcentaje mínimo de contratación establecido para personas con discapacidad dentro de las instituciones públicas estatales y municipales.

Sj/Am