Ciudad de México.- El Senado de la República emitió la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional que establece requisitos de nacionalidad única para quienes busquen ocupar la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, disposición que será aplicable a partir del proceso electoral de 2028.

La secretaria de la Mesa Directiva, Lizeth Sánchez García, informó que se contabilizaron 22 votos aprobatorios de congresos locales, entre ellos el de Tamaulipas, con lo que se alcanzó la mayoría requerida de legislaturas estatales.

También avalaron la modificación Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Tras el cómputo, Higinio Martínez Miranda, presidente de la Mesa Directiva, realizó la declaratoria de aprobación de las modificaciones a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución.

“La Cámara de Senadores declara aprobado el Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad única para el ejercicio de la titularidad de los Poderes Ejecutivos Federal y Locales”, expresó.

La reforma establece que quienes aspiren a esos cargos, además de ser mexicanos por nacimiento, no deberán tener ni adquirir otra nacionalidad. En caso de contar con ella, tendrán que renunciar antes de solicitar su registro como candidatos, conforme a los términos que establezca la legislación.

La disposición también comprende el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por otro país, el ejercicio de derechos políticos vinculados con otra ciudadanía y acogerse a la protección diplomática de un Estado extranjero.

El decreto establece que estas reglas no serán aplicables a quienes ya se encuentren ejerciendo dichos cargos cuando entre en vigor la reforma.

El documento fue enviado a la Cámara de Diputados para que realice su declaratoria correspondiente. Posteriormente deberá remitirse al Poder Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.