Ciudad de México.- A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Gobierno federal abrió cuatro nuevas líneas de investigación que han permitido identificar 17 nuevos objetivos, recuperar 23 indicios del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Iguala y avanzar en investigaciones sobre teléfonos de los estudiantes, funerarias y videograbaciones que habrían sido ocultadas, informaron el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, y el titular de la unidad especial de la FGR, Mauricio Pazarán. La existencia de estas nuevas líneas fue confirmada previamente por la Presidencia y la Fiscalía.

La primera línea parte del análisis de comunicaciones. Las autoridades reportaron patrones antes no explorados y 17 nuevos objetivos de investigación, además de vínculos entre integrantes de Guerreros Unidos, policías, servidores públicos y personas relacionadas con funerarias.

Según el informe, en agosto de 2025 se estableció que el propietario de una funeraria utilizó el teléfono de uno de los estudiantes. Cateos posteriores permitieron localizar un fémur humano, un arma, documentación y un horno crematorio sin registro oficial.

Entre marzo y junio de 2026, nuevas búsquedas en el SEMEFO permitieron recuperar 23 indicios, incluidos cientos de fragmentos óseos, prótesis dentales, restos biológicos, cartuchos, casquillos y documentos. El material permanece bajo análisis y, a petición de las familias, participa el Equipo Argentino de Antropología Forense. Hasta ahora, las autoridades no han informado que estos restos correspondan a alguno de los 43 estudiantes.

La segunda línea analiza tres teléfonos de los normalistas y la cadena de personas que los utilizaron después de la desaparición. Uno de los casos derivó en una orden de aprehensión contra un exservidor público de Iguala por delincuencia organizada y desaparición forzada. Otro aparato habría sido utilizado por un policía municipal, mientras el tercero reforzó la hipótesis de que algunos estudiantes pudieron haber sido trasladados a la barandilla municipal.

Una tercera línea surgió de la revisión de expedientes e identificó a una persona que tenía 14 años en 2014 y que no había sido ubicada previamente en la investigación. Su declaración, rendida el 30 de julio de 2026, aportó información que, según las autoridades, refuerza imputaciones contra integrantes de Guerreros Unidos.

La cuarta línea se concentra en las videograbaciones del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero de la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 y en su presunto ocultamiento. Las pesquisas alcanzaron a exfuncionarios estatales, incluido el exgobernador de Guerrero, detenido el 6 de agosto de 2026 y posteriormente sometido a proceso por su posible participación en desaparición forzada.

Pese a estos avances procesales, los 43 estudiantes continúan desaparecidos y los hechos no han sido esclarecidos por completo, situación que también señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al cumplirse 12 años del caso.