Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Gobierno de Tamaulipas mantendrá bajo su responsabilidad los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en Río Bravo, luego de que la Diputación Permanente del Congreso local avaló que continúen operados a través de la COMAPA.

La decisión deriva de una solicitud promovida por el Ejecutivo estatal desde abril y del análisis sobre la petición del Ayuntamiento para asumir directamente estos servicios.

El argumento central del dictamen es que la transferencia al municipio podría comprometer la continuidad y calidad de los servicios si no existen las condiciones técnicas, financieras, administrativas y operativas necesarias.

La diputada Francisca Castro Armenta señaló que la definición sobre quién opera el sistema no debe limitarse a una disputa administrativa o de competencias.

“El cambio de autoridad responsable de la prestación de los servicios de agua potable no debe realizarse atendiendo únicamente a consideraciones de carácter administrativo o competencial sino que debe prevalecer el principio de protección, interés público”, afirmó.

El tema de la COMAPA Río Bravo había llegado previamente al Congreso. En abril, durante la comparecencia de autoridades estatales, Castro Armenta cuestionó sobre el proceso para transferir el organismo al municipio.

Además, desde enero existe en el Poder Legislativo un punto de acuerdo relacionado con adeudos superiores a tres millones de pesos del Ayuntamiento con la COMAPA Río Bravo, asunto que permanecía en estudio de la Diputación Permanente de acuerdo con los registros legislativos consultados.

Entre los elementos considerados para mantener el esquema actual también se encuentran las intervenciones realizadas para rehabilitar infraestructura hidráulica y fortalecer la operación del organismo.

La resolución se sustentó en el mecanismo previsto en el artículo Tercero Transitorio de la reforma al artículo 115 constitucional.

El informe legislativo, sin embargo, no detalla los indicadores financieros y operativos utilizados para concluir que el Ayuntamiento no reúne las condiciones necesarias, ni precisa el monto actualizado de pasivos de la COMAPA, sus niveles de eficiencia física y comercial o el periodo durante el cual el Estado conservará la prestación de los servicios.