¿De dónde saca el fiscal anticorrupción, Andrés Repper García, que no existen denuncias contra el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca? A estas alturas del partido, el Congreso tendría que ajustar su soberbia y llamarlo a cuentas. ¿Acaso se manda solo?

Un poco de memoria le viene bien a Repper y al prófugo que se desgañita desde Texas, acusando a diestra y siniestra que los malvados son otros y él es casi un santo.

En los albores del gobierno de la Cuarta Transformación, en octubre de 2022, el gobernador Américo Villarreal Anaya denunció que, a tan sólo una semana de haber iniciado su administración, se habían detectado graves irregularidades en el manejo de los recursos públicos durante el gobierno anterior.

Entre los principales hallazgos destacó un déficit de 2 mil millones de pesos, la existencia de apenas 7 millones de pesos para el ejercicio del último trimestre del año, desorden administrativo, obras sobrevaloradas y presuntos cobros de comisiones ilegales, conocidos como «moches», por 4 mil 868 millones de pesos.

«Recibimos un estado arruinado y peor aún, maliciosamente saqueado. La situación que guardan las finanzas es peor de lo que se creía», advirtió entonces el mandatario estatal.

Acompañado por 11 integrantes de su gabinete, Villarreal Anaya expuso una radiografía de las condiciones en que recibió la administración pública estatal. Su mensaje fue contundente: el nuevo gobierno no podía ser omiso ante las irregularidades del pasado y no habría impunidad.

«Porque al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie», sentenció.

LAS CUENTAS QUE DEJÓ EL PANISMO

Al presentar algunos de los principales hallazgos, el gobernador reveló que, al 1 de octubre de 2022, la administración saliente había dejado únicamente 7 millones de pesos para cubrir los compromisos de octubre a diciembre, frente a un déficit de 2 mil millones de pesos para ese periodo.

En la Secretaría de Salud, señaló que la empresa Intercontinental de Medicamentos S.A. de C.V. había recibido un contrato multianual por mil 150 millones de pesos, pero únicamente había suministrado el primer bimestre y parcialmente el segundo, situación que repercutía en el desabasto de medicamentos y en la calidad de los servicios médicos.

En Educación, mencionó desviaciones por 2 mil 96.5 millones de pesos, de acuerdo con el reporte de la Auditoría Superior de la Federación.

Y en Obras Públicas, denunció acumulación de contrataciones, ampliaciones injustificadas de presupuestos, diferencias inexplicables y sobrevaloraciones de entre 22 y 25 por ciento.

El mandatario sostuvo que ese porcentaje correspondía a los llamados «moches» que presuntamente se exigían durante la administración anterior, cuyo monto estimó en 4 mil 868 millones de pesos.

En Seguridad Pública, el panorama tampoco era alentador: de una flota de 785 unidades, solamente 343 se encontraban activas, es decir, el 43.6 por ciento.

Un estado con graves carencias, finanzas comprometidas y múltiples irregularidades que, según el gobierno entrante, debían investigarse y esclarecerse.

Repper, ¿no había nada que investigar, no hubo denuncias?

LAS DENUNCIAS EXISTEN: ¿ENTONCES QUÉ PASÓ?

A los 11 meses de iniciado el gobierno de Américo Villarreal, la entonces consejera jurídica, Tania Contreras López, informó que existían al menos ocho denuncias contra el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca por presunto uso indebido de atribuciones y facultades.

La funcionaria también señaló que las denuncias involucraban a exsecretarios y otros integrantes de la administración anterior, presuntamente relacionados con actos de corrupción.

En aquel momento, informó que durante los primeros 11 meses del nuevo gobierno se habían presentado 57 denuncias contra exfuncionarios de la pasada administración.

Posteriormente, en 2025, el gobierno estatal dio a conocer la presentación de 70 denuncias contra la administración anterior, de las cuales al menos 14 eran de carácter penal.

Entre los nuevos señalamientos se encontraba un presunto desvío de recursos públicos superior a los 343 millones de pesos, relacionado con contratos de mantenimiento de hospitales durante los ejercicios fiscales de 2017 y 2018.

El entonces director jurídico y apoderado legal de la Secretaría de Salud, Iván Saldaña Magaña, informó que las denuncias se dirigían contra el exgobernador y diversos exfuncionarios por la presunta adjudicación ilícita de contratos.

De acuerdo con su exposición, el presunto quebranto ascendía a 343 millones 966 mil pesos, correspondientes a pagos realizados a dos empresas: Grupo Industrial Permart, representada por Julio César Carmona Angulo, y Grupo Industrial Joser, encabezada por Carlos Alejandro Romero Vega.

Las compañías habrían obtenido contratos por más de 500 millones de pesos. Sin embargo, según lo expuesto por el funcionario, quedaron pendientes de pago 157 millones de pesos, sin que existiera registro de reclamaciones legales por parte de los proveedores, circunstancia que calificó como «rara y sospechosa».

Entre los exfuncionarios mencionados se encontraban Gloria de Jesús Molina Gamboa, exsecretaria de Salud; Horacio García Rojas Guerra, exsubsecretario de Planeación y Vinculación; Alejandro Aguilar Poegner, exsubsecretario de Administración y Finanzas, y Román Castillo Airola, exdirector de Compras de la Secretaría de Administración**.**

Las denuncias, según las autoridades estatales, fueron presentadas ante diversas instancias, entre ellas el Congreso del Estado, la Auditoría Superior del Estado, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno de Tamaulipas.

Los hechos señalados estarían relacionados con presunto uso indebido de atribuciones y facultades, así como posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.

EL FISCAL ANTICORRUPCIÓN, BAJO LA LUPA

Con estos antecedentes sobre la mesa, surge una pregunta que merece una respuesta clara: ¿de dónde obtiene el fiscal anticorrupción, Andrés Repper García, la afirmación de que no existen denuncias contra Francisco García Cabeza de Vaca?

Si las autoridades estatales han informado públicamente sobre denuncias y procedimientos relacionados con la administración anterior, lo menos que corresponde es aclarar qué expedientes existen, cuáles son sus avances y qué responsabilidades, en su caso, han sido determinadas.

No basta con lanzar declaraciones que puedan generar confusión. La ciudadanía tiene derecho a conocer la situación real de las investigaciones y saber si las denuncias presentadas han sido debidamente atendidas.

Porque una cosa es que existan denuncias y otra, muy distinta, que se haya acreditado la responsabilidad penal de alguna persona. Precisamente por eso se necesitan investigaciones serias, resultados verificables y transparencia.

¿Y EL CONGRESO? ¿EL FISCAL SE MANDA SOLO?

Ante este escenario, el Congreso de Tamaulipas no puede permanecer al margen.

Existen contradicciones entre lo informado por las autoridades estatales y las declaraciones del fiscal anticorrupción, y obligadamente corresponde a los legisladores solicitar explicaciones al fiscal, revisar los antecedentes y exigir cuentas conforme a sus facultades legales.

No se trata de condenar anticipadamente a nadie ni de convertir las instituciones en instrumentos de revancha política. Se trata de garantizar que las denuncias sean investigadas y que los recursos públicos sean protegidos.

Tamaulipas merece saber qué ocurrió con sus finanzas, qué avances existen en las investigaciones y por qué, después de tantos señalamientos, persisten las dudas sobre el destino de los recursos públicos.

El panismo encabezado por Francisco García Cabeza de Vaca dejó una administración quebrada, encerrada a piedra y lodo; dos meses antes se fue, dejando cerradas las puertas de la oficina del gobernador en Palacio. No pierdan la memoria. Quienes hoy tienen la responsabilidad de investigar no pueden eludir las preguntas y exigencias de la sociedad.

Si las denuncias fueron presentadas, ¿qué ha pasado con ellas? Y si el fiscal Repper sostiene que no existen, ¿en qué información fundamenta su afirmación?

El Congreso tiene la palabra. La ciudadanía, el derecho de exigir respuestas.

Porque la lucha contra la corrupción no se demuestra con discursos y boletines a modo, sino con investigaciones, resultados y rendición de cuentas.

Tamaulipas no necesita más declaraciones: necesita justicia y respuestas. Vaca y los panistas fueron y son responsables del saqueo.

A ver cuándo se amarran bien los pantalones y meten a la cárcel a todos los bandidos que hoy se escudan en el PAN y hasta tienen defensores en la 4T, como Repper.

Para que se enteren, el mal humor social existe, más cuando se habla de Vaca. Todo Tamaulipas fue depredado por las hordas cabecistas… los que no se enteran son los jueces y los fiscales.

Ya dejen de hacerle al Tío Lolo… por fi.

Desde Mi Trinchera…