Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El diputado Gerardo Peña Flores, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de Tamaulipas, presentó una iniciativa para incorporar al Código Penal del Estado el delito de vejaciones en el entorno escolar, con el propósito de sancionar como conducta autónoma las llamadas “novatadas”.

La propuesta plantea que estas prácticas, realizadas principalmente por estudiantes de grados superiores contra quienes recién ingresan a una institución educativa, han dejado de ser simples rituales de integración para convertirse en actos que pueden provocar daños físicos, psicológicos y emocionales. El documento señala que recientemente, en Ciudad Victoria, una práctica de este tipo en la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas derivó en la hospitalización de un estudiante.

La iniciativa advierte que las vejaciones pueden incluir rapar a las víctimas, obligarlas a consumir alimentos en mal estado o excretas, exhibirlas en redes sociales, encerrarlas contra su voluntad, imponerles desnudez, restringir sus movimientos, privarlas del sueño o forzarlas a consumir sustancias o alimentos. Estas conductas, señala el proyecto, pueden escalar hasta delitos como lesiones, abuso sexual, privación de la libertad, tortura e incluso homicidio.

Peña Flores sostiene que las campañas preventivas y las sanciones administrativas aplicadas por las instituciones educativas no han sido suficientes para inhibir estas prácticas. Además, plantea que las víctimas pueden evitar denunciar por temor a represalias de estudiantes de grados superiores. “La víctima estudiante, percibe que una denuncia le significaría una constante represalia”, expone la iniciativa.

El legislador argumentó que, permitir la continuidad de las “novatadas” genera una “subcultura de violencia en el entorno escolar” que puede reproducirse de generación en generación y extenderse hacia las familias y la sociedad. Por ello, propone que el Estado asuma una mayor responsabilidad en su prevención, persecución y castigo.

De aprobarse la propuesta, cometería el delito quien, con motivo del ingreso, permanencia, aceptación, subordinación, pertenencia, promoción o reconocimiento dentro de una institución educativa, realice, ordene, promueva, facilite, consienta o tolere actos que impliquen riesgo injustificado, humillación, sometimiento, intimidación, degradación, violencia física o psicológica, afectación a la dignidad o restricción indebida de la libertad personal.

El proyecto contempla una pena de dos meses a un año de prisión, con un incremento de hasta la mitad cuando la víctima sea menor de edad o persona con discapacidad, o cuando se utilicen redes sociales, fotografías, grabaciones o transmisiones para exhibir, ridiculizar, amenazar o difundir la conducta. Además, establece que el delito sería perseguido de oficio.

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