Un presupuesto revela mejor a un gobierno que cualquier discurso. México acaba de poner sobre la mesa 10.6 billones de pesos para 2027, el mayor monto nominal de nuestra historia. Sin embargo, descontando la inflación, crecerá apenas 1.1% frente a 2026. La cifra es enorme. El margen para utilizarla es cada vez menor.

El Paquete Económico presentado por Hacienda estima para 2027 un crecimiento de entre 1.5% y 2.5%, inflación de 3% y deuda pública cercana a 55% del PIB. El déficit continuará bajando, aunque más lentamente de lo previsto. Hacienda esperaba llevarlo a 3.5% del PIB y ahora calcula 3.9%, frente a aproximadamente 4.1% en 2026.

Buena parte de la explicación está en la estructura del gasto. Crecen las pensiones, los programas sociales están consolidados, salud requiere mayores recursos, los estados reciben participaciones y aportaciones y la deuda genera intereses. Al mismo tiempo, México necesita carreteras, agua, energía, puertos, escuelas y hospitales. Una proporción creciente del presupuesto está comprometida antes de comenzar el año.

El gobierno busca aliviar esa presión mejorando la recaudación sin recurrir, por ahora, a un incremento generalizado de impuestos. Hacienda espera obtener alrededor de 9.2 billones de pesos de ingresos presupuestarios y llevar la recaudación tributaria a un máximo histórico cercano a 15.9% del PIB. Los impuestos aportarían unos 6.2 billones. La estrategia incluye mayor fiscalización, límites a ciertas deducciones empresariales y acciones contra factureras, evasión y huachicol fiscal.

Es una apuesta relevante y necesaria. México todavía puede recaudar mejor con las leyes actuales, ampliar la base de contribuyentes, reducir privilegios y cerrar espacios de evasión. Pero mantiene una de las recaudaciones más bajas entre las economías de la OCDE mientras financia responsabilidades públicas crecientes. Esa contradicción tiene fecha de caducidad.

La discusión de una reforma fiscal integral resulta entonces inevitable. Tendría que revisar quién paga, cuánto aporta, qué tratamientos especiales siguen teniendo sentido, cómo fortalecer los ingresos de estados y municipios y cómo reducir la informalidad. Recaudar más tendría además que traducirse en mejores servicios, infraestructura e inversión.

Postergarla tiene consecuencias. Cuando los ingresos resultan insuficientes y las obligaciones aumentan, el ajuste termina apareciendo en deuda, menor inversión, servicios públicos deteriorados o menor capacidad para emprender nuevas políticas. El problema fiscal desaparece de un renglón para reaparecer en otro.

La distribución propuesta para 2027 confirma las prioridades. Los programas sociales prioritarios absorberían alrededor de 1.02 billones de pesos, equivalentes a 2.6% del PIB. La Pensión para Adultos Mayores recibiría cerca de 543 mil millones, Educación alrededor de 1.3 billones y salud más de 1.1 billones. El componente social permanece en el centro de la política económica.

Con un gasto programable de 7.43 billones de pesos, apenas 1.5% mayor en términos reales, el IMSS aumentaría 9.8%, IMSS-Bienestar 8.9%, Educación Pública 6.6%, Ciencia y Tecnología 9.5% y Agricultura 13.4%. Marina crecería 19.4%, Defensa 5.4% e Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 5.4%. Bienestar permanecería prácticamente sin cambios en términos reales.

También aparecen ajustes importantes. Energía tendría una reducción administrativa cercana a 69% real, explicada en buena medida porque durante 2026 concentró recursos extraordinarios destinados a Pemex. La petrolera disminuiría alrededor de 1.3% real y CFE cerca de 8.5%. Pemex, sin embargo, continuará representando una presión considerable sobre las finanzas públicas.

Una cifra permite dimensionar mejor el escenario. El costo financiero de la deuda rondará 1.57 billones de pesos. Supera todos los programas sociales prioritarios juntos y se acerca a lo destinado a educación. Es dinero que México debe pagar antes de decidir qué nueva obra construir o qué servicio ampliar.

La inversión pública adquiere por ello un papel decisivo. Hacienda plantea destinar alrededor de 2.6% del PIB a inversión física presupuestaria, con carreteras, trenes, agua, logística y energía entre las prioridades. El gasto social sostiene ingresos y consumo. La infraestructura debe elevar productividad, competitividad y capacidad económica.

Los 10.6 billones todavía son una propuesta. La Ley de Ingresos deberá pasar por ambas cámaras y el Presupuesto de Egresos será aprobado por la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de noviembre. Habrá reasignaciones, aunque normalmente son pequeñas frente al tamaño del presupuesto. En 2026 los diputados redistribuyeron alrededor de 17 mil 800 millones dentro de un gasto superior a 10 billones, menos de 0.2% del total.

El Paquete Económico 2027 mantiene una ruta reconocible, marcada por la política social, la salud, la educación, la infraestructura, una mayor recaudación y la reducción gradual del déficit. Pero también confirma el límite de esa estrategia. El presupuesto crece en términos nominales mientras el margen para decidir se estrecha.

México enfrenta una creciente falta de espacio fiscal. Cada año, una proporción mayor del gasto queda comprometida en pensiones, transferencias, deuda y otras obligaciones permanentes. Una reforma fiscal integral permitiría fortalecer los ingresos, revisar privilegios y exenciones, combatir la informalidad y redefinir prioridades para evitar que el país termine financiando el presente a costa de la inversión y de su capacidad para responder al futuro.

¿Voy bien o me regreso? Nos leemos pronto si la IA y las presiones económicas lo permiten.

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David Vallejo

Politólogo y consultor político, especialista en temas de gobernanza, comunicación política, campañas electorales, administración pública y manejo de crisis. Cuenta con posgrados en Estados Unidos, México y España. Ha sido profesor, funcionario estatal y federal, así como columnista en Veracruz, Tamaulipas y Texas. Escritor de novelas y cuentos de ficción. Además, esposo amoroso, padre orgulloso, bibliófilo, melómano, chocoadicto y quesodependiente.