En política hay errores que se corrigen con una declaración y otros que terminan convertidos en reformas constitucionales. El reciente debate sobre la doble nacionalidad y los requisitos para ocupar la Presidencia de la República parece pertenecer, lamentablemente, al segundo grupo.
Todo comenzó cuando la presidenta Claudia Sheinbaum planteó públicamente que habia preguntado a la consejera juridica, si existía impedimento constitucional para que una persona con doble nacionalidad pudiera llegar a la Presidencia de México.algo así dijo: "El otro día preguntaba a Luisa María si en la Constitución está prohibido que un presidente tenga doble nacionalidad y creo que  no , deberíamos prohibirlo. Un presidente mexicano es mexicana o mexicano, no representa otro país. Estamos pensando en enviar una iniciativa de reforma constitucional para garantizarlo, y en el caso de los gobernadores debería ser igual".
La preocupación de fondo me parece legítima y, en lo personal, la comparto: quien encabeza el Estado mexicano debe mantener una relación a toda prueba  de lealtad política y jurídica con nuestra nación. 
El problema es otro: antes de anunciar una reforma constitucional deberíamos  preguntarnos si aquello que pretendemos prohibir no estaba ya prohibido.

El segundo párrafo del artículo 32 establece que aquellos cargos para los cuales la propia Constitución exige ser mexicano por nacimiento están reservados a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad.
Y para ser presidenta o presidente de México, el artículo 82 exige precisamente ser mexicano por nacimiento.
Pero el asunto no termina allí.
La Ley de Nacionalidad , que es la  reglamentaria del articulo 32 , en su artículo 16 dispone que "los mexicanos por nacimiento a quienes otro Estado considere también como sus nacionales deberán presentar un certificado de nacionalidad mexicana cuando pretendan ejercer un cargo reservado a mexicanos por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad".
¿Entonces qué estamos reformando?

Lo preocupante es que una duda que debió resolverse primero mediante un análisis constitucional exhaustivo haya terminado convertida casi inmediatamente en una propuesta para modificar nuestra Carta Magna.
La Consejería Jurídica de la Presidencia existe precisamente para evitar eso.
Su obligación no consiste solamente en encontrar la redacción jurídica de una decisión política tomada previamente. Su primera responsabilidad debería ser decirle a la titular del Ejecutivo: “Presidenta, esto ya está regulado”, “esto requiere interpretación”, “esto necesita una reforma legal” o, solamente cuando resulte indispensable, “esto exige modificar la Constitución”.
Una Constitución no puede convertirse en libreta de apuntes donde escribamos nuevamente aquello que ya está regulado cada vez que aparece una controversia política.

Lo ocurrido después resulta todavía más revelador de nuestra cultura política.
Desde un sector favorable al gobierno comenzaron los aplausos. La propuesta fue presentada como una extraordinaria defensa de la soberanía nacional, casi como si México hubiera descubierto en agosto de 2026 que el jefe del Estado debe mantener una clara lealtad  hacia la República.
Del otro lado ocurrió exactamente lo contrario.
Algunos adversarios de la presidenta comenzaron a denunciar una supuesta agresión contra millones de mexicanos que emigraron, trabajaron durante décadas en Estados Unidos, adquirieron otra nacionalidad y enviaron remesas a sus familias.
Unos aplaudieron antes de leer.
Otros condenaron antes de leer.
Y entre ambos extremos quedó abandonada precisamente la tarea fundamental: leer la Constitución.
Porque la Constitución no está proponiendo —ni la legislación vigente establece— que un mexicano pierda su nacionalidad mexicana por poseer otra, mucho menos que deba renunciar a sus derechos simplemente por haber emigrado.
La discusión se refiere a determinados cargos públicos excepcionalmente vinculados con la soberanía del Estado.
No confundamos derechos generales de ciudadanía con requisitos constitucionales para ejercer la Presidencia de la República.
 Tampoco considero absurdo discutir el principio de lealtad exclusiva para quien pretenda encabezar el Estado mexicano.
Tomemos como ejemplo en  Estados Unidos,
quien obtiene la ciudadanía estadounidense mediante naturalización debe prestar un juramento en el que declara que renuncia a toda lealtad y fidelidad hacia cualquier Estado o soberanía extranjera y promete defender la Constitución y las leyes estadounidenses. 
Esto plantea una pregunta legítima.
¿Puede quien ha asumido voluntariamente semejante compromiso jurídico y político con otro Estado encabezar simultáneamente el Estado mexicano?
Mi respuesta personal es que no debería hacerlo mientras subsista ese vínculo.
Pero una cosa es sostener este principio y otra muy distinta afirmar que México carecía de instrumentos constitucionales para protegerse frente a semejante conflicto.


Este episodio debería dejarnos una enseñanza que rebasa ampliamente el asunto de la doble nacionalidad.
Estamos modificando nuestra Constitución con demasiada facilidad.
La Constitución es el pacto político fundamental de una sociedad. No debería reformarse para resolver cada coyuntura, cada controversia mediática o cada problema susceptible de solucionarse mediante legislación secundaria, interpretación constitucional o simplemente una aplicación correcta de las normas existentes.
Una izquierda que pretende transformar al país debería ser particularmente rigurosa en esto.
Transformar no significa legislar más.
Mucho menos significa reformar por reformar.
Transformar significa identificar las contradicciones reales de nuestra sociedad y modificar las estructuras que producen desigualdad, explotación y dependencia.

México enfrenta problemas enormes que sí requieren discusión constitucional, institucional y política —la concentración de la riqueza, la precarización laboral, la dependencia económica, la construcción del poder popular y la democratización efectiva del Estado— dedicamos enormes energías políticas a escribir nuevamente aquello que nuestra legislación,  ya resolvía.
Quizá antes de proponer reformas, deberíamos recuperar una costumbre mucho más sencilla y revolucionaria:
leer primero lo que ya dice la Constitución.