Ciudad de México.- Una firma que no coincidía con la identificación oficial del representante legal llevó a la inhabilitación por seis meses de Atv de Sahuayo, S.A. de C.V., además de una multa de 343 mil 945 pesos, por proporcionar información falsa durante un procedimiento para vender cascos de motociclista al Servicio Postal Mexicano, informó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

La irregularidad ocurrió durante la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Internacional Abierta Electrónica IA-55-J9E-055J9E001-I-34-2025, convocada para la adquisición de “Cascos de Protección para Motociclista”.

El Órgano Interno de Control (OIC) en el Servicio Postal Mexicano revisó la documentación presentada por la compañía y encontró que la firma plasmada en su propuesta técnica y económica no correspondía con la que aparecía en la identificación oficial de su representante legal.

A partir de esa diferencia, la autoridad determinó que la compañía proporcionó información falsa dentro del procedimiento de contratación y resolvió imponer las sanciones.

La empresa deberá pagar una multa de 343 mil 945 pesos y durante seis meses no podrá participar, por sí misma o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación ni celebrar contratos con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

La resolución fue notificada a Atv de Sahuayo el 19 de agosto de 2026 y posteriormente publicada en el Diario Oficial de la Federación, con lo que las dependencias federales quedaron notificadas de la restricción.

Además, la compañía fue incorporada al Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, donde permanecen registradas las personas físicas y empresas sujetas a restricciones para contratar con el gobierno federal.

La sanción, sin embargo, todavía puede ser controvertida. La Secretaría Anticorrupción precisó que Atv de Sahuayo conserva el derecho de impugnar la resolución mediante los mecanismos legales correspondientes.

El procedimiento sancionador se originó así en la documentación presentada por la propia compañía durante una compra gubernamental, específicamente en la discrepancia detectada en la firma utilizada para respaldar su oferta técnica y económica.