“Lista negra” del IETAM no frena candidaturas
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Las personas inscritas en el Catálogo de Sujetos Sancionados por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género podrán participar como candidatas en las elecciones de 2027 en Tamaulipas, debido a que aparecer en ese registro administrativo no constituye por sí mismo una causal de inelegibilidad, informó la consejera electoral, Marcia Laura Garza Robles.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) precisó que actualmente cinco personas aparecen en el catálogo tras acreditarse infracciones por violencia política en razón de género.
Explicó que el registro tiene carácter administrativo y busca identificar y visibilizar a quienes han cometido este tipo de conductas, pero su inclusión no implica automáticamente la suspensión de sus derechos político-electorales.
“Al día de hoy, hay cinco personas en el catálogo de sujetos sancionados por violencia política”, señaló.
La consejera electoral, Marcia Laura Garza Robles, explicó que para impedir el registro de una persona como candidata debe existir una sentencia o resolución jurisdiccional firme que establezca expresamente la restricción de sus derechos político-electorales.
Precisó que cuando la conducta deriva en un delito acreditado mediante la vía correspondiente, sí puede existir un impedimento para obtener una candidatura.
Sin embargo, las sanciones administrativas impuestas por el IETAM, como multas o amonestaciones, carecen por sí mismas de efectos para negar un registro electoral.
Garza Robles añadió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido límites a las facultades de los Organismos Públicos Locales Electorales para determinar este tipo de restricciones.
Por ello, las cinco personas actualmente inscritas en el catálogo podrían solicitar su registro para competir por presidencias municipales o diputaciones locales en Tamaulipas durante el proceso electoral de 2027, siempre que no exista una resolución judicial que expresamente les impida ejercer ese derecho.
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