Ciudad Victoria, Tamaulipas. - El Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de Tamaulipas votó en contra de una iniciativa del Ejecutivo estatal que, de acuerdo con Acción Nacional, otorgaría facultades a la Secretaría de Finanzas para establecer y cobrar como créditos fiscales montos de hasta 15 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a alrededor de 1.7 millones de pesos, a instituciones privadas.

Durante la sesión extraordinaria del Congreso, los diputados panistas Gerardo Peña Flores, Patricia Saldívar Cano, María del Rosario González Flores, Marina Ramírez Andrade y José Schekaibán Ongay rechazaron la propuesta y fijaron la postura de su bancada ante lo que consideran una ampliación de las facultades recaudatorias del Gobierno del Estado.

De acuerdo con la dirigencia estatal del PAN, la iniciativa enviada por el Ejecutivo contempla habilitar a la Secretaría de Finanzas para realizar estos cobros bajo la figura de crédito fiscal, estableciendo importes mínimos y máximos que podrían alcanzar las 15 mil UMA.

Acción Nacional sostuvo que el rechazo de sus legisladores responde a su agenda de oposición a medidas que, desde su perspectiva, impliquen mayores cargas económicas para instituciones privadas y puedan terminar impactando a las familias tamaulipecas.

La dirigencia panista destacó que sus diputados no solamente votaron en contra, sino que llevaron el tema al debate durante la sesión extraordinaria, como parte de la postura política que mantendrá el partido frente a las iniciativas impulsadas desde el Ejecutivo.

El PAN señaló además que su bancada continuará llevando al Congreso los problemas que identifica en las distintas regiones de Tamaulipas y defendiendo su discusión con el resto de las fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo.

Por su parte, la presidenta estatal del PAN, Gloria Garza Jiménez, refrendó su respaldo a los diputados locales y federales, así como a la senadora, alcaldes y regidores emanados de Acción Nacional.

La dirigente sostuvo que el partido mantendrá una posición de oposición y vigilancia frente a las decisiones gubernamentales que considere contrarias a los intereses de los tamaulipecos.