EN TAMAULIPAS; NO SÓLO REDENOMINAR LAS ESTRUCTURAS

Si elevar el Instituto de las Mujeres de Tamaulipas a nivel de Secretaría es sólo para poner en sintonía a ese órgano con el Gobierno federal y equiparar algunas condiciones de ese órgano a nivel nacional, para sólo dejarlo -según el gobernador Américo Villarreal- en una cuestión “nomás de denominación”, sin impacto presupuestal y con la misma estructura, entonces estaríamos cayendo -y perdón por la expresión coloquial- en el juego de “la misma gata, pero revolcada”.

La problemática que se presenta en el país, en general, y Tamaulipas, en particular, obliga a redefinir y rediseñar políticas públicas orientadas a la verdadera protección y acompañamiento de las mujeres, no sólo en las acciones de prevención de las violencias en su contra, sino que contribuyan a su empoderamiento e independencia, pero -sobre todo- a generar plena conciencia en ellas de la situación que enfrentan.

Parece una obviedad, pero muchas mujeres no tienen conciencia plena o justifican su situación. No es criticarlas, es entender lo que realmente necesitan.

Cambiar el Instituto de las Mujeres “nomás” de nombre a Secretaría y darle algunas atribuciones adicionales a quienes la dirijan es insuficiente. Más si no se consideran factores presupuestales adicionales, sino únicamente pasar los exiguos recursos que maneja.

De acuerdo con información que se obtiene públicamente por medios de transparencia, en 2025, el Instituto de las Mujeres tuvo un presupuesto asignado cercano a los 29 millones de pesos, pero ampliado a cerca de 52 millones de pesos por ampliaciones, aunque al final hubo un subejercicio de 402 mil pesos.

De los casi 52 millones de pesos, cerca de 30 millones de pesos fueron para servicios personales.

Sin duda, la nueva Secretaría de las Mujeres no será una carga económica de mucho peso, pero habría un tufo a buscar que la nueva entidad vaya a la caza de recursos federales, mediante la adaptación de programas nacionales, los cuales muchas veces distan de las realidades estatales.

La nueva Secretaría buscará la transversalidad para coordinar acciones con otras dependencias estatales con el fin de alcanzar los objetivos generales de “garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres”.

En sus consideraciones, el Congreso del Estado emitió un comunicado de prensa en el que sostiene que el cambio no es “nomás de denominación”, sino que se buscaría que las políticas dirigidas a las mujeres sean abordadas al más alto nivel de toma de decisiones gubernamentales “para asegurar que cuenten con el peso político y estructural necesario para operar eficazmente”.

Si en verdad quieren un cambio de fondo que realmente incida no sólo en las políticas públicas, sino en el ejercicio del presupuesto, valdría la pena dar un vistazo a la gran cantidad de programas que se llevan a cabo en diversas secretarías del Gobierno del Estado, entre ellas Salud, Educación, Seguridad Pública, Bienestar y la Fiscalía estatal, entre otros, que operan bajo denominaciones de prevención de la violencia contra las mujeres; empoderamiento, evitar los embarazos tempranos… entre muchos otros.

Peor aún, en muchas de esas acciones no existe una metodología homogénea, sino una tremenda dispersión de medición de las evaluaciones, del diagnóstico situacional, y se carece de estudios que realmente vayan al fondo para conocer los aspectos que inciden en las violencias contra las mujeres y las zonas donde prevalece en mayor medida.

Si alguien pensaba que en Matamoros el principal motivo de carpetas de investigación son los delitos de alto impacto, entonces que se vaya ahora de espaldas: el número uno -al menos hace 4 años- era el abandono de las obligaciones de pago de pensión a los hijos.

Y eso se liga con otros factores: la descomposición y disfuncionalidad del seno familiar; el abandono de los hijos, la inserción de niñas, niños y adolescentes a hechos delictivos y a generar elementos de estrés elevado en las relaciones familiares que, de uno u otro modo, llevan a la violencia y los feminicidios.

Elevar una institución como la encargada de crear, redefinir y mejorar las políticas públicas enfocadas a la mujer debe ser un tema más allá de un cambio “nomás de denominación”. Implica compromisos serios, profesionales, financiados.

No todo es apelar a la igualdad de género. Es crear condiciones de vida y crecimiento personal adecuadas para el libre ejercicio de los derechos de la mujer, sin violencia.

No hay que caer en cálculos electorales o sintonías de moda. Menos aún en que todo sea sólo discurso.

Luis Alberto Rodríguez Juárez

Desarrolló una amplia carrera en medios periodísticos por 18 años; en oficinas de comunicación social de gobierno durante 12 años y ha proporcionado consultoría externa –desde hace más de 20 años- a agencias de comunicación y relaciones públicas así como a empresas de diversos sectores.

Ha colaborado en el diseño de estrategias, elaboración de materiales y está especializado en gestión de la comunicación en situaciones de crisis, análisis de tendencias en medios de comunicación tradicionales y digitales, así como capacitación para fortalecimiento de habilidades de comunicación y vocerías.